ISLAMABAD 13 Feb. (EP/AP) -
El partido mayoritario en Pakistán presentó hoy una ley para prohibir los matrimonios forzados, incluyendo aquellos que se acogen a una antigua costumbre tribal según la cual las mujeres se dan en matrimonio para resolver problemas.
El texto propuesto --la Ley sobre Prácticas contra las Mujeres-- fue presentado por Chaudry Shujaat Husein, diputado y presidente del Partido Musulmán Liga-Q de Pakistán, en la Asamblea Nacional, Cámara Baja del Parlamento paquistaní.
El partido de Husein, que cuenta con la mayoría en ambas cámaras, apoya totalmente al presidente Pervez Musharraf, que ha prometido otorgar a las mujeres más derechos, de acuerdo a su política para proyectar a Pakistán como un país moderado y progresista.
"Cualquiera que coaccione, o de cualquier manera obligue, a una mujer a contraer matrimonio debería ser castigado con la cárcel" por un periodo de tres años más una multa, según el proyecto de ley, que estipula la misma pena para acabar con los 'wanni' y los 'swara', costumbre tribal por la que una mujer es forzada a casarse para resolver un conflicto entre familias o clanes.
Asimismo, también prohíbe obligar a las mujeres a contraer "matrimonio con el Santo Corán", una práctica todavía muy presente en algunas regiones rurales y conservadoras, en la que algunas mujeres juran ante el libro santo del Islam que nunca se casarán. Según voces críticas, esta tradición es utilizada para impedir que las mujeres se lleven parte de la tierra de su familia cuando se casen.
Además, la ley atribuye una pena de hasta siete años de cárcel a aquellos que priven de manera ilegal a una mujer de sus derechos a una herencia. Por el momento se desconoce cuándo será sometido a votación el nuevo texto legal, que primero deberá discutirse en una comisión parlamentaria.
El pasado diciembre, Musharraf ya firmó una ley que facilita la tarea de llevar ante los tribunales los casos de violación. Según la ley islámica, un caso de violación sólo puede juzgarse si la víctima presenta cuatro testigos. Algunos islamistas radicales, que acusan a Musharraf de intentar introducir valores occidentales en el país, convocaron manifestaciones en todo el país para protestar por los cambios, que consideraban anti islámicos. Mientras, los grupos de defensa de los Derechos Humanos aplaudieron la medida, aunque han pedido al Gobierno que haga mucho más.