LIMA, 11 Abr. (EP/AP) -
El ex presidente Alejandro Toledo regresará desde Estados Unidos, donde reside actualmente, a Perú, después de que se anulara el mandato judicial que le imponía impedimento de salida de Perú. Así lo anunciaron este martes algunos partidarios de Toledo, quien ocupó la Presidencia de 2001 a 2006.
El pasado mes de diciembre una jueza de la Sala Sexta Anticorrupción dictó una orden de impedimento de salida de Perú contra el ex mandatario, en el marco del proceso que tiene abierto en ese país por presunta falsificación de firmas cometida por miembros de su partido político, 'Perú Posible' en 1998.
En la actualidad, esa sala está presidida por otro juez, quien decidió anular esa orden al admitir una apelación que presentó la defensa de Alejandro Toledo.
"Hemos conversado con él y nos ha confirmado que estará muy pronto en Lima", dijo el martes a la cadena CPN un dirigente del partido, Carlos Ferrero.
El congresista de Perú Posible, Carlos Bruce, consideró una "sana rectificación" la decisión de la Sexta Sala Anticorrupción, mientras que el dirigente del partido Juan Sheput manifestó que "Toledo va a honrar su promesa" de colaborar con la justicia.
El presidente del partido oficialista APRA, Javier Velásquez, dijo hoy que esta anulación del impedimento de salida dificulta las denuncias de los partidarios de Toledo sobre una persecución política contra su líder.
Los colaboradores de Toledo aducen que las investigaciones y denuncias que afronta el ex presidente forman parte de una campaña para desprestigiar y de persecución política contra Toledo por parte del actual gobierno del presidente del gobierno peruano, Alan García.
Toledo enfrenta cargos por asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos públicos por el caso de las firmas en que incurrió su partido político en 1998 para poder participar en las elecciones presidenciales del 2000. También se le investiga por supuestos gastos excesivos en el Palacio de Gobierno durante su gestión.
El ex gobernante fue acusado ante el Congreso de los diputados de Perú por haber reconocido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que el Estado tuvo algún tipo de responsabilidad de violaciones a los derechos humanos en 1992.
