MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Partido Libertad y Justicia (PLJ), vinculado a la organización islamista egipcia Hermanos Musulmanes, ha advertido este martes de la imposibilidad de avanzar en el proceso de reconciliación si las autoridades continúan imponiendo prohibiciones de viaje a miembros de la formación, según ha informado el diario egipcio 'Al Masry al Youm'.
Durante la jornada del lunes, el Gobierno prohibió un viaje al exministro de Planificación Amr Derrag, quien planeaba viajar a Qatar. Asimismo, hace dos semanas las autoridades prohibieron la salida del país al exministro de Desarrollo Local Mohamed Alí Beshr.
El Gobierno ha justificado ambas decisiones argumentando que tanto Derrag como Alí Beshr incitaron a la violencia, el mismo cargo presentado contra el expresidente Mohamed Mursi, cuyo juicio se inició el lunes y fue aplazado inmediatamente hasta el 8 de enero.
El miembro del comité legal del partido Mohamed al Sisi ha sostenido que las posturas son difícilmente reconciliables, ya que las nuevas autoridades exigen a Hermanos Musulmanes que reconozca la legitimidad de las protestas que desembocaron en el golpe de Estado que derrocó el 3 de julio a Mursi, mientras que el PLJ reclama su vuelta al poder.
Varios mensajes redactados por altos cargos de Hermanos Musulmanes filtrados a los medios indican que la formación islamista está dispuesta a participar en conversaciones con las nuevas autoridades. Entre las condiciones planteadas está la liberación de estos altos cargos para que participen en las mismas.
El golpe de Estado fue perpetrado tras la reiterada negativa de Mursi a presentar su dimisión en el marco de manifestaciones multitudinarias contra su mandato, alegando que se trataba de un mandatario electo y de la existencia de manifestaciones también en su favor, si bien estas fueron de menor calado.
Por su parte, el Ejército asegura que su actuación respondió a la voluntad de la población, que había tomado las calles para protestar contra el mandato de Mursi.
Hermanos Musulmanes se ha negado en múltiples ocasiones a reconocer la legitimidad de las autoridades surgidas tras el derrocamiento del expresidente, miembro de la organización islamista, y ha sostenido que el nuevo gobierno es de tinte golpista.
Asimismo, ha denunciado la existencia de una campaña de persecución contra la formación con el arresto de decenas de sus miembros, entre ellos los integrantes de su cúpula, y la represión de las manifestaciones celebradas tras el derrocamiento de Mursi, que se han saldado con más de un millar de muertos a causa de la actuación de las fuerzas de seguridad.