El presidente de Filipinas afirma que las fuerzas de seguridad no efectuaron los disparos en el Senado

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr, ha ordenado una investigación sobre los disparos que se han escuchado este miércoles en el Senado, en donde se encuentra atrincherado desde el lunes el senador Ronald Dela Rosa, reclamado por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por su papel en la guerra contra las drogas, y ha asegurado que no fueron efectuados por las fuerzas de seguridad.

"Las fuerzas gubernamentales no hicieron esto. Ningún soldado, personal militar ni agentes del NBI (Oficina Nacional de Investigación) entraron al Senado"", ha afirmado el presidente filipino en un vídeo difundido este miércoles apenas dos horas después de que se registraran los disparos, en el que ha señalado que se desconoce quienes intentaron ingresar en la sede de la Cámara Alta.

Marcos ha informado de que el ministro del Interior, Jonvic Remulla, y el director del NBI, Melvin Matibag, le han asegurado que las fuerzas de seguridad no están relacionadas con los disparos, si bien los agentes que se ven en los vídeos que han circulado en redes sociales son personal de servicio en las instalaciones.

Así, ha explicado que ordenó la retirada de los agentes del NBI, después de que el Tribunal Supremo se negara a emitir una orden de restricción temporal contra el arresto de Dela Rosa, a quien el TPI reclama por crímenes de lesa humanidad entre julio de 2016 y abril de 2018, en relación a la muerte de una treintena personas, en el marco de la guerra contra las drogas del expresidente Rodrigo Duterte.

Marcos ha trasladado que se ha puesto en contacto con el presidente del Senado, Alan Peter Cayetano, aliado de Dela Rosa, para hacer un llamamiento conjunto a la calma, habiendo acordado a su vez una investigación para determinar si los disparos fueron accidentales o responden a algún tipo de "motín".

Duterte se encuentra actualmente bajo custodia en La Haya a la espera de juicio por aquella controvertida campaña contra las drogas, que se saldó con unos 6.000 muertos, según cifras oficiales, que las organizaciones de Derechos Humanos ascienden a más de 30.000.