NUEVA YORK 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha acordado prorrogar un año las sanciones impuestas hace más de una década a los grupos armados ilegales de República Democrática de Congo (RDC), según informa a través de un comunicado publicado por el Centro de Noticias de la organización internacional.
En una resolución aprobada por unanimidad, el Consejo de Seguridad ha decidido prorrogar hasta el 30 de noviembre de 2012 las sanciones impuestas a los grupos armados que no están integrados en las fuerzas de seguridad congoleñas.
Entre estas sanciones destaca el embargo de armas impuesto a estos grupos, cuya violación supone para sus responsables la prohibición de viajar y la congelación de sus activos en el extranjero.
La prórroga se produce un día después de que el comité encargado de revisar estas sanciones decidiera prohibir los viajes y congelar los activos en el extranjero de Ntabo Ntaberi Sheka, comandante en jefe de Mayi Mayi Sheka.
Mayi Mayi Sheka es un grupo armado responsable de numerosos ataques contra la población civil, como la violación de cientos de mujeres en Walikale, provincia de Kivu del Norte (este), el año pasado, delito por el que su líder ha sido acusado.
Además, el Consejo de Seguridad ha instado al secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki Moon, a renovar el mandato del grupo de expertos que se encarga de supervisar el cumplimiento de estas sanciones, así como a añadir un sexto experto en recursos naturales.
En relación con la explotación de los recursos naturales, el Consejo de Seguridad ha recomendado a RDC y otros países de la región que elaboren estadísticas sobre las importaciones y exportaciones de oro, casiterita, coltán, wolframita, madera y carbón vegetal.
En la misma línea, ha recomendado a los países de la región que compartan información sobre la explotación de estos recursos naturales para evitar que la lleven a cabo los grupos armados y las organizaciones criminales.
En 2003, el Consejo de Seguridad impuso la primera ronda de sanciones contra RDC, al término de una guerra civil de cinco años que arrasó el país y acabó con la vida de unos cinco millones de personas. Su objetivo es evitar que los grupos armados que sobrevivieron al conflicto sigan actuando.