MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
Al menos 60 personas han muerto en el marco de la represión gubernamental de las protestas que se suceden desde diciembre de 2018 contra el presidente de Sudán, Omar Hasán al Bashir, según ha informado este viernes la organización Physicians for Human Rights (PHR).
En su comunicado, la organización ha denunciado que "manifestantes pacíficos han sido atacados por las fuerzas de seguridad", que han usado "una fuerza desproporcionada, innecesaria y en ocasiones letal".
Así, ha acusado a las autoridades de cometer "violaciones masivas de los Derechos Humanos", entre ellas detener a manifestantes sin cargos y negarles el acceso a sus familiares o al tratamiento médico que necesitaban.
"Las fuerzas de seguridad han evitado que el personal médico atendiera a los heridos y, en muchos casos, han arrestado y detenido a este personal, llevado a cabo incursiones y ataques contra instalaciones médicas, e incluso atacado, herido y matado a trabajadores médicos mientras llevaban a cabo sus funciones o participaban en el movimiento de protesta", ha agregado.
En este sentido, ha detallado que, hasta la fecha, las autoridades han llevado a cabo ataques contra al menos siete instalaciones médicas, han arrestado a 136 trabajadores médicos y han lanzado gases lacrimógenos o usado otro tipo de armamento contra hospitales.
PHR ha denunciado además torturas cometidas contra detenidos durante las protestas y ha reclamado al Ejecutivo de Sudán "que ponga fin inmediatamente a los ataques contra el personal médico, libere a los detenidos contra los que no se han presentado cargos y garantice la protección de las instalaciones médicas".
Además, ha solicitado a Jartum que "haga rendir cuentas a los miembros del Gobierno y las fuerzas de seguridad que han perpetrado estos crímenes y demande justicia para las víctimas".
Por último, la organización ha pedido a la comunidad internacional "que presione al Gobierno de Sudán para que ponga fin a la represión violenta de la protesta, que respete las obligaciones éticas de los doctores y la santidad de las instalaciones médicas", así como que "hagan responsable al Ejecutivo por sus violaciones de los Derechos Humanos".
Hasta la fecha, las autoridades han reconocido la muerte de 31 personas en las manifestaciones, si bien organizaciones como Human Rights Watch (HRW) elevan este balance hasta los 51 fallecidos.
AL BASHIR HABLA DE PROTESTAS "LEGÍTIMAS"
El propio Al Bashir describió el lunes como "legítimas" las demandas de los participantes en las manifestaciones, que se han reducido desde que decretara el estado de emergencia en febrero.
En declaraciones ante el Parlamento, el mandatario acusó sin embargo a algunos de los manifestantes de destruir propiedades públicas y privadas y alterar el orden público, al tiempo que acusó a ciertas partes de aprovechar las protestas para lograr una "agenda excluyente".
Por otra parte, defendió que, en respuesta a las protestas, el Gobierno ha apostado por "una 'hoja de ruta' para una transición política" fundamentada en un "diálogo amplio dentro de los límites constitucionales".
"Disolvimos el órgano Ejecutivo y formamos un nuevo Gobierno para llevar a cabo las tareas de emergencia, además de declarar el estado de emergencia", enumeró Al Bashir, quien adelantó que en los próximos días se adoptarán medidas para fomentar el diálogo y preparar al país para el cambio.
La coalición opositora Llamada de Sudán se retiró en marzo de la 'hoja de ruta' de la Unión Africana para un acuerdo político y de paz en el país debido a que el Ejecutivo no aceptó un acuerdo sobre una tregua humanitaria y aplicar una serie de medidas para fomentar la confianza entre las partes.
Asimismo, criticó que el presidente no hiciera mención a la creación de una comisión de investigación para esclarecer la muerte de manifestantes durante las protestas ni a la situación de los presos políticos. "El régimen no tiene soluciones a la crisis actual", remachó.
Al Bashir --en el poder desde que encabezara un golpe de Estado en 1989-- ha responsabilizado en el pasado de las protestas a "agentes" extranjeros y ha retado a sus rivales a tratar de llegar al poder a través de las urnas. Asimismo, ha advertido de que no permitirá ninguna 'Primavera Árabe', en alusión a la ola de protestas que sacudió Oriente Próximo y el norte de África en 2011.
Sobre Al Bashir pesa una orden de arresto del Tribunal Penal Internacional (TPI) por genocidio y crímenes contra la Humanidad por los presuntos abusos cometidos en la provincia de Darfur. Hasta ahora se ha librado del procesamiento al evitar su detención viajando sólo a países aliados.
