NUEVA YORK, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha instado a los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos a publicar las conclusiones de sus investigaciones internas sobre las prácticas de detención e interrogatorio de la CIA bajo el mandato del ex presidente estadounidense George W. Bush.
El relator especial de Derechos Humanos y Antiterrorismo Ben Emmerson ha considerado que "las autoridades estadounidenses deben publicar sin dilación y con la mayor extensión posible el informe del Comité de Inteligencia del Senado sobre el programa secreto de detenciones e interrogatorios de la CIA".
"La solicitud de publicación de las conclusiones de esta investigación interna se basa en los principios de responsabilidad por la sistemática violación de los Derechos Humanos y de lucha contra el terrorismo", ha argumentado.
Además, ha urgido a "procesar sin dilación y, si corresponde, a condenar con penas proporcionales a la gravedad de los actos perpetrados a aquellas personas que hayan participado en cualquier acto ilegal" en el marco de este programa.
Emmerson también ha solicitado al Gobierno británico que publique las conclusiones de la Comisión Gibson, encargada de investigar la supuesta colaboración de los servicios de Inteligencia de Reino Unido con la CIA en el trasladado y el encarcelamiento de supuestos terroristas.
El experto de la organización internacional también ha recomendado a las autoridades británicas que designen a un juez para el caso y determinen sus competencias y el alcance de las mismas, de acuerdo con un comunicado.
En la misma línea, se ha dirigido a los gobiernos de Lituania, Rumanía, Polonia, Marruecos y Tailandia, que supuestamente también colaboraron con la CIA, a "abrir investigaciones judiciales o quasi judiciales para esclarecer los hechos y publicar sus conclusiones".
Asimismo, ha pedido a los gobiernos, especialmente a los que, al parecer, colaboraron con la CIA, que "revisen su legislación y sus prácticas y, en caso de que se hayan llevado a cabo, las investigaciones" internas sobre este tema.
"Hasta ahora, la comunidad internacional ha fracasado a la hora de depurar responsabilidades por los actos cometidos por ciertos sectores de la CIA en la implementación de un programa de detenciones, torturas y ejecuciones secretas de supuestos terroristas", ha criticado.
54 PAÍSES
La organización pro Derechos Humanos Open Society Justice Initiative (OSJI) reveló el pasado mes de febrero en el informe Globalizing Torture, de 216 páginas, que 54 países colaboraron con un programa de la CIA para detener a sospechosos de terrorismo e interrogarlos, aplicando a veces la tortura.
La OSJI aseguró, en base a "fuentes públicas creíbles" y a "reputadas organizaciones humanitarias", que 54 gobiernos, en su mayoría aliados de Estados Unidos, ayudaron a la CIA a detener, trasladar o interrogar a 136 sospechosos de terrorismo, como parte de este programa.
La organización humanitaria destaca el caso de Irán, ya que, a pesar de ser uno de los más firmes detractores de la Casa Blanca, entregó a algunos individuos a Afganistán, que a su vez se los entregó a las autoridades estadounidenses.
El informe señala que, desde los atentados cometidos el 11 de septiembre de 2001 contra Estados Unidos, todos estos países han ayudado a la CIA a realizar "detenciones secretas, entregas extraordinarias e interrogatorios al margen de la ley" con los sospechosos.
"Los supuestos terroristas fueron capturados y entregados en secreto, atravesando las fronteras nacionales, para ser interrogados por gobiernos extranjeros o por la CIA mediante torturas en sitios clandestinos", denuncia.
El informe indica que, aunque a su llegada a la Presidencia de Estados Unidos, en enero de 2009, Barack Obama ordenó cancelar este programa de la CIA, "no repudió la entrega extraordinaria", con lo que la agencia de Inteligencia siguió con esta práctica.
La OSJI considera que este informe "demuestra que Estados Unidos no es el único responsable de estos abusos, porque no se podrían haber llevado a cabo sin la activa participación de decenas de gobiernos extranjeros que, por ello, son cómplices".
"Es evidente que ha llegado la hora de que Estados Unidos y sus aliados rechacen definitivamente estas prácticas ilegales y rindan cuentas por los abusos cometidos contra los Derechos Humanos", estimó.
