Empleará por primera vez un recurso incluido en la Ley de Libertad de Información, en lugar de intentar la vía de la apelación
LONDRES, 24 Feb. (de la corresponsal de EUROPA PRESS, Eva Martínez Millán) -
El Gobierno británico ha decidido vetar la difusión de las actas de los consejos de ministros de marzo de 2003 en los que se decidió la implicación de Reino Unido en la invasión de Irak con el objetivo de evitar "daños serios" para el gabinete ministerial, pese a que el Tribunal de Información dictó hace un mes su publicación debido al "interés público" de los debates.
El titular de Justicia, Jack Straw, anunció hoy en el Parlamento una resolución que basó en los mismos argumentos de "interés público", en el sentido de que no provocaría "ningún beneficio", y que ha supuesto el empleo por primera vez de esta cláusula a la que el Ejecutivo tiene derecho según la Ley de Libertad de Información, promulgada en 2005.
La inédita aplicación de este veto provocará un severo debate en Reino Unido, puesto que el Gobierno no ha intentado siquiera la vía de la apelación al Alto Tribunal (equivalente al Supremo español) para poner fin a una prolongada batalla legal promovida por los grupos que reclaman su derecho a conocer las conversaciones del Ejecutivo que encabezaba Tony Blair cuando apostó por sumarse a la operación liderada por Estados Unidos contra el régimen de Sadam Husein.
Según explicó Straw en la Cámara de los Comunes, revelar los contenidos de las reuniones celebradas el 13 y el 17 de marzo, en las que se discutió si la invasión contaba con la autorización de la normativa internacional, supondría "potenciales daños serios" para el Gobierno y no generaría "ningún beneficio para el interés público".
EQUILIBRIOS
El ministro entregó a las dos cámaras del Parlamento, así como al Tribunal de Información y al comisionado de Información, uno de los promotores de la publicación, el documento en el que confirmó un veto que consideró acorde con las "bases del funcionamiento parlamentario" y la privacidad del Ejecutivo. "Hay un equilibrio entre la apertura y el mantenimiento de los aspectos de nuestra estructura de gobierno democrático", aseveró.
La decisión correspondió a Straw, pero fue aprobada en Consejo de Ministros, tras un proceso que "no se tomó a la ligera", sino para "proteger" al Gobierno. Una opinión compartida por el propio Partido Conservador, que la consideró "correcta" debido a los efectos que habría podido causar en futuros debates de cuestiones controvertidas, si bien insistió en la necesidad de acometer ya la prometida investigación sobre Irak.
El Ejecutivo ha reiterado que ésta no comenzará hasta que las tropas hayan regresado, es decir, después de julio, si bien ha preferido evitar reabrir el debate sobre los prolegómenos de la operación que comenzó el 19 de marzo de 2003 y que podría afectar, entre otros, al por entonces fiscal general del Estado, lord Goldsmith.
ANTECEDENTES POLÉMICOS
Según trascendió en 2005, el 7 de marzo de 2003 Goldsmith habría puesto en duda la legitimidad para, tan sólo una semana después, mantener que era compatible con la legislación internacional, argumento que esgrimió Tony Blair. Un cambio de criterio que llevó a los críticos a sostener que el Gobierno no había sido plenamente informado acerca de los riesgos.
Por todo, Jack Straw se decantó por el veto incluso pese a que el Tribunal de Información --encargado de arbitrar en los casos en los que los organismos oficiales rechazan cumplir con las normas dictadas por el comisionado en la materia-- le había ofrecido la oportunidad de difundir las actas redactadas o, incluso, editadas, para evitar riesgos para las relaciones internacionales de Reino Unido o dirigentes todavía en activo, como el propio primer ministro, Gordon Brown, al frente de la cartera de Hacienda en 2003.
Por último, para restar trascendencia al estreno del veto, el Ejecutivo recordó que la Ley de Libertad de Información no ha sido diseñada para dar como resultado la publicación de datos como los contenidos en las reuniones de gabinete, si bien en su dictamen de enero el tribunal había insistido en que el caso no tendría por qué sentar precedente, ya que, por norma, los contenidos de los consejos de ministros no son difundidos hasta transcurridas tres décadas.
