LONDRES, 11 Ene. (EUROPA PRESS) -
El parlamentario británico Eric Illsley, que ocupa un escaño por la ciudad inglesa de Barnsley, reconoció este martes ante un juez haber reclamado de forma fraudulenta más de 14.000 libras (unos 16.800 euros) en concepto de pagos por gastos.
En concreto, Illsley reconoció tres cargos de falsa contabilidad relativos a tres años de gastos que corresponden a su segunda residencia en Londres.
El portavoz de la Fiscalía, Simon Clements, aseguró que se trata de una "significativa cantidad de dinero" y señaló que las cifras contempladas no pueden atribuirse a un error de carácter contable. "Desvió dinero público a sus propios bolsillos y traicionó a los que esperaban de él los más altos niveles de integridad al ser un miembro del Parlamento", añadió.
El pasado viernes, el ex diputado laborista David Chaytor se convirtió en el primer político en ser condenado a una pena de cárcel por el escándalo de los gastos. El fraude, destapado en el año 2009, le ha costado a Chaytor una pena de 18 meses de cárcel por haber defraudado más de 20.000 libras.
PRESIONES SOBRE ILLSLEY
Illsley obtuvo la reelección en la Cámara de los Comunes el pasado mes de mayo, pero el Partido Laborista le ha expulsado de la formación después de destaparse el escándalo. El parlamentario ocupa su escaño en calidad de independiente, pero le siguen lloviendo las críticas tanto desde las filas de sus antiguos compañeros como del Gobierno.
Un portavoz del primer ministro David Cameron aseguró, en declaraciones a 'The Guardian', que Illsley se encuentra en una posición "insostenible" porque "ha defraudado a las personas a las que representa".
Por su parte, el líder del Partido Laborista, Ed Miliband, declaró a la BBC que el parlamentario debe "dimitir" y añadió que éste sería el camino "correcto". "No creo que sea una voz creíble para sus electores después de haberse declarado culpable de delitos tan serios", advirtió.
De los cuatro parlamentarios imputados en procesos penales por el escándalo de los gastos, Illsley es el único que aún se mantiene en la Cámara de los Comunes. La ley sólo contempla la expulsión forzosa de un diputado si el aludido recibe una sentencia de más de doce meses de prisión.
