MOSCÚ, 15 Ene. (EP/AP) -
Una nueva ley que intensifica el control del Gobierno ruso sobre la inmigación y crea mayores dificultades para la obtención de permisos de trabajo entró hoy en vigor, provocando fuertes preocupaciones entre los millones de ciudadanos ilegales que trabajan en el país.
Las reformas que ha aprobado el Gobierno del presidente ruso, Vladimir Putin, dificultan los procedimientos y requisitos que han de cumplir los distintos ciudadanos que buscan trabajo en Rusia -- la mayoría de ellos procedentes de las antiguas repúblicas soviéticas-- para obtener sus permisos de trabajo.
Además, las autoridades autoridades rusas vienen realizando fuertes inspecciones a los 10 o 12 de millones de extranjeros que, se estima, trabajan en territorio ruso, la mayoría de ellos ilegalmente. Una de las iniciativas gubernamentales para frenar la entrada de inmigrantes ha sido multar a los empresarios que tengan contratados a empleados sin papeles con sumas de hasta 23.300 euros.
Por otra parte, el pasado 1 de enero entró en vigor un decreto que aspira a reducir a partir del 1 de abril el número de trabajadores no rusos que ejercen la venta al por menor fuera de establecimientos del 40% al 1%.
Los analistas consideran que estas medidas intentan contentar al creciente sector de la población rusa que adopta posturas cada vez más xenófobas y en contra de la inmigración, especialmente hacia los de piel oscura que provienen de las antiguas repúblicas soviéticas o de Asia central, buscando así réditos políticos.
Los detractores de la política migratoria del Gobierno de Putin denuncian que lo que conseguirán estas medidas es fomentar los sentimientos xenófobos internos, impulsar la inflación y acelar el descenso demográfico en el país. En este sentido, se estima que la población rusa baja unas 700.000 personas al año y que se ha situado por debajo de los 143 millones.
