Siete personas son condenadas en Hong Kong por una protesta no autorizada en 2019

HONG KONG, 1 (DPA/EP)

Un tribunal de Hong Kong ha condenado a siete personas este jueves por su participación en una protesta no autorizada en el año 2019, entre estas el líder 'pro-democracia' de Hong Kong Martin Lee y el magnate local de los medios de comunicación Jimmy Lai.

Los otros cinco condenados también son exdiputados de la Asamblea hongkonesa. Todos han anunciado que apelarán o buscarán una reducción de sentencia, según el diario local 'South China Morning Post', y, hasta que se resuelva su recurso, la mayoría --con excepción de Lai y otros dos exdiputados-- podrá estar en libertad bajo fianza.

Tras la sentencia, el exdiputado Leung Kwok Hung ha cargado contra la Justicia y ha asegurado que son víctimas de una "persecución política". "Manifestarse pacíficamente no es un crimen", ha recalcado.

Por su parte, la jueza ha considerado demostrada la "inequívoca intención" de los siete de llevar a cabo una manifestación ilegal, ya que portaban una pancarta que encabezaba la marcha y cantaban consignas.

Asimismo, ha negado que el hecho de que la manifestación fuera pacífica pueda eximir de culpa a los acusados.

LOS EFECTOS DE LA NUEVA LEY DE SEGURIDAD NACIONAL

En los últimos meses, especialmente desde la introducción de una controvertida ley de seguridad nacional en junio, numerosos activistas conocidos han sido condenados a largas penas de prisión por delitos relativamente menores.

El martes, China aprobó una reforma electoral que implica que los votantes tendrán menos voz en la composición de los órganos legislativos de Hong Kong y, de este modo, se reduce la influencia de los partidarios democráticos.

Pekín ha declarado que sólo quiere que gobiernen en Hong Kong los "patriotas", es decir, políticos que apoyen al Gobierno chino.

En virtud de los acuerdos necesarios para el traspaso, el gobierno chino permitió que Hong Kong y sus residentes mantuvieran muchas de las libertades de las que habían disfrutado como colonia británica hasta 1997, incluida la libertad de expresión y un poder judicial independiente. Este acuerdo finaliza en 2047.