DAMASCO, 24 Abr. (EP/AP) -
El Tribunal Penal de Damasco condenó hoy a cinco años de cárcel al abogado Anwar al Bunni, acusado de difundir "informaciones falsas o exageradas" perjudiciales para el Estado y que podrían "debilitar la moral nacional", según informó un letrado de la defensa.
Asimismo, el abogado estaba acusado de pertenencia a una asociación política de ámbito internacional no autorizada, de desacreditar a las instituciones del Estado y de contactar con un país extranjero.
Aparte de la pena de cárcel, Al Bunni ha sido multado con 100.000 libras sirias (casi 1.500 euros), según un miembro del equipo de la defensa, Jalil Maatuk. Las autoridades aún no se han profundizado sobre esta condena. Maatuk ha asegurado que se apelará la sentencia en un plazo de 30 días.
Anwar al Bunni, director del Centro Damasco para Estudios legales y de un centro de Derechos Humanos financiado por la Unión Europea --cerrado por las autoridades poco después de su apertura, en marzo de 2006--, se encuentra encarcelado en la prisión de Adra, cerca de la capital, desde que fue detenido el 17 de mayo de 2006.
Al Bunni es uno de los 300 sirios y libaneses que firmaron la llamada Declaración Beirut-Damasco --en la que se pedía la normalización de las relaciones entre Siria y Líbano--, diez de los cuales fueron detenidos en mayo de 2006.
Amnistía Internacional (AI) reiteró ayer su llamamiento a las autoridades sirias para que liberasen "inmediatamente" a Anwar al Bunni, que ha rechazado en todo momento los cargos, y denunció que el proceso abierto contra él tiene motivos exclusivamente políticos relacionados con sus actividades en favor de los Derechos Humanos en Siria.
En este periodo, según Amnistía, no se le ha permitido reunirse en privado con sus abogados, ha sufrido golpes y ha sido sometido a tratos humillantes. Aparte, el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Dayala al Haj Arif, ha pedido incluso que se le retire la ciudadanía siria.
Desde la cárcel, según la organización, Al Bunni ha seguido luchando por los Derechos Humanos. La semana pasada envió una carta al presidente de Siria, Bashar al Assad, en la que pedía una investigación sobre las condiciones de vida en las cárceles y denunciaba que cerca de 6.000 presos de Adra sufren cada día golpes, insultos e intimidaciones y se les impide salir de las celdas, ver la televisión y escuchar la radio.
