La organización pide a la ONU que exija a Jartum la entrega del ex ministro Ahmed Harun y del líder 'janjaweed' Alí Kashib
LONDRES, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional (AI) afirmó hoy que la decisión del fiscal del Tribunal Penal Internacional (TPI) de solicitar la comparecencia de dos presuntos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad en Darfur es "un paso pequeño pero importante" para lograr justicia para los millones de víctimas de estos crímenes en esta región del oeste de Sudán. Asimismo, instó al fiscal a emitir más citaciones u órdenes de detención "lo antes posible".
Amnistía también pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que exija al Gobierno de Sudán que no sólo detenga y entregue a los dos sospechosos, si éstos no comparecen voluntariamente, sino que además promulgue y aplique la legislación necesaria para llevar ante la justicia a todos los responsables de crímenes de lesa Humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur.
Según Amnistía, la magnitud de los crímenes cometidos en Darfur "es enorme". "Desde que comenzó el conflicto más de dos millones de personas se han visto desplazadas, unas 85.000 han muerto, y miles de hombres y mujeres han sido violados", aseguró la organización en un comunicado.
El fiscal del TPI, Luis Moreno Ocampo, acusó ayer formalmente a un antiguo ministro de Estado sudanés encargado de la Seguridad en Darfur (y actual viceministro de Ayuda Humanitaria), Ahmed Mohamed Harun, y al líder de las milicias paragubernamentales 'janjaweed', Alí Mohamed Alí Abd-al-Rahman (alias 'Alí Kashib'), de crímenes de guerra y crímenes contra la Humanidad contra la población civil de Darfur.
Se trata de la primera vez que un tribunal internacional acusa al Estado sudanés de tener vínculos con las milicias paramilitares. El ministro de Justicia sudanés, Mohamed Alí al Mardi, ya ha rechazado estas acusaciones y ha advertido de que Harun no va a ser extraditado para su procesamiento.
La orden contra Ahmed Harun, según Amnistía, tiene especial importancia, ya que es la primera vez que "el TPI trata de procesar a una persona por hechos sucedidos cuando estaba en el Gobierno". Aparte, "también refleja los vínculos entre el Gobierno y las milicias 'janjaweed, vínculos que el Gobierno sudanés sigue negando", agregó la organización.
La citación inicial contra estos dos hombres se produce un año y medio después del inicio de las investigaciones sobre los crímenes de lesa Humanidad y crímenes de guerra cometidos en Darfur. "Hasta hoy, ningún fiscal de Sudán ni de ningún otro lugar ha hecho ningún intento serio de investigar o enjuiciar esos crímenes", lamentó Amnistía.
El anuncio de citación "ilustra la magnitud del desafío al que se enfrenta la comunidad internacional para lograr que las miles de personas que han cometido, y siguen cometiendo, esos crímenes en Darfur con total impunidad comparezcan ante la justicia, y para conseguir que los millones de víctimas y sus familias obtengan plena reparación ante el TPI, los tribunales sudaneses o los tribunales de otros Estados que ejerzan la jurisdicción universal", manifestó la organización.
El fiscal del TPI ha indicado que, aunque en virtud del Estatuto de Roma por el cual se constituyó el Tribunal está facultado para investigar y procesar a cualquier persona sospechosa de crímenes de guerra y crímenes de lesa Humanidad cuando los Estados no puedan o no quieran hacerlo, sólo perseguirá a "los líderes que tengan la máxima responsabilidad en estos crímenes".
"Está claro que en Sudán hay muchas otras personas que encajan en esta categoría y contra las cuales se pueden obtener pruebas admisibles, y que para aplicar su política el fiscal tendrá que pedir muchas más citaciones u órdenes de detención en un futuro próximo", según Amnistía Internacional, que ha recibido "con agrado este compromiso" de investigar otros crímenes que siguen cometiéndose en Darfur.
COLABORACIÓN DE SUDÁN
Aunque el Consejo de Seguridad, en su resolución 1593 (2005), estableció que Sudán debe "cooperar plenamente con el Tribunal y el fiscal y prestarles toda la asistencia necesaria", Mohamed Alí al Mardi declaró ayer que el TPI "carece de jurisdicción para juzgar a cualquier sudanés" y que "elGgobierno de Sudán no permitirá que ningún sudanés sea juzgado y castigado fuera del marco de justicia nacional".
El TPI, recuerda AI, no cuenta con un cuerpo de policía que ejecute sus órdenes de detención si los sospechosos no responden a las citaciones. Por ello, para detenerlos depende de la voluntad de los Gobiernos de los Estados donde se encuentran los sospechosos, o de las fuerzas de pacificación, como la Misión de la Unión Africana en Sudán (AMIS). Sin embargo, la Unión Africana lleva más de un año negándose a firmar un acuerdo de cooperación con el TPI para ayudarlo en sus investigaciones y entregarle a sospechosos.
"Puesto que Sudán se niega a entregar a los sospechosos, corresponde ahora a la comunidad internacional, incluida la Unión Africana, hacer efectivas las citaciones del TPI en caso de que los sospechosos no se entreguen", aseveró Amnistía.
"Si se emiten citaciones (u órdenes de detención) pero no se emprende ninguna acción al respecto, seguirá negándose a las víctimas y sus familias la justicia y la reparación", añadio. "La comunidad internacional debe actuar sobre el caso de Sudán, no sólo para hacer justicia por los crímenes de Darfur, sino también para salvaguardar la efectividad a largo plazo del TPI", manifestó.
