MADRID, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Supremo chino ha determinado este martes que China tiene bases legales claras para proteger el orden marítimo en el mar Meridional, así como su seguridad e intereses y que debe ejercer la gestión de sus aguas jurisdiccionales.
El mes pasado, el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya dio la razón a Filipinas en su disputa marítima con China y determinó que el gigante asiático no tiene derechos históricos para reclamar ciertas zonas.
El Tribunal Supremo chino ha respondido alegando a las bases legales de su país, que --ha defendido-- están en línea con el reglamento de Naciones Unidas, y ha establecido que cualquier barco que entre a pescar en aguas chinas estará cometiendo una falta, según ha informado la agencia oficial Xinhua.
En un documento publicado por la corte se establece que aquellos que entren en aguas chinas de manera ilegal y no las abandonen después de ser avisados, así como aquellos que vuelvan a entrar tras ser avisados, estarían incurriendo en "actos delictivos serios" y serán multados y condenados a menos de un año de prisión, detención o vigilancia.
"El Poder Judicial es un componente importante de la soberanía nacional", ha asegurado el tribunal. "Las cortes populares ejercerán de manera activa la jurisdicción sobre las aguas territoriales de China (...) y velarán por la soberanía territorial e intereses marinos", ha añadido.
PUGNA TERRITORIAL
China reivindica como propias la mayoría de las aguas del mar Meridional, ricas en recursos energéticos y pesqueros, y no ha dudado en defender su legitimidad frente al resto de países que también reclaman derechos soberanos: Brunei, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam. Las autoridades chinas han llegado a construir islas artificiales y envían patrullas marítimas de forma regular.
Filipinas llevó su caso a La Haya en 2013, en un intento por esclarecer el estatus legal de una serie de arrecifes, rocas e islas artificiales en el banco de arena de Scarborough y en el archipiélago de Spratly, así como por determinar los derechos que tiene cada uno de los países en aguas aledañas.
El tribunal aplicó la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar para determinar qué países tienen derecho a explotar ciertas aguas, en base a una generalización que plantea que la soberanía de unas islas garantiza a sus propietarios un radio de acción de hasta 12 millas náuticas.
Manila argumentó durante las vistas que ninguna de las islas o arrecifes de las Spratlys son lo suficientemente grandes como para garantizar una Zona Económica Exclusiva (ZEE) de hasta 200 millas náuticas. En cambio, en el caso de Scarborough alega que está incluida dentro de la ZEE correspondiente a la isla de Luzón y, por lo tanto, pertenece a Filipinas.
