Rechaza el recurso del abogado que representa al Gobierno, que pretendía que se mantuvieran en secreto
MANILA, 3 Abr. (Reuters/EP) -
El Tribunal Supremo de Filipinas ha ordenado este martes a la Policía que le entregue todos los documentos sobre enfrentamientos que terminaron con víctimas mortales en el marco de la llamada guerra contra la droga, rechazando así la pretensión del Gobierno de mantenerlos ocultos.
El alto tribunal ha dado un plazo de quince días al abogado del Estado, Jose Calida, para que cumpla con una orden dictada en diciembre y que él recurrió argumentando razones de seguridad nacional.
Grupos de defensa de los Derechos Humanos han elogiado el fallo del Tribunal Supremo y han dicho que representa un triunfo que permitirá conocer los documentos oficiales sobre lo que consideran que son abusos sistemáticos, asesinatos encubiertos y ejecuciones extrajudiciales en el marco de la guerra contra la droga puesta en marcha por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte.
"El Tribunal Supremo ha demostrado con esta orden inicial que cumplirá su papel como faro del pueblo y bastión de la justicia", ha afirmado el Centro para el Derecho Internacional, un grupo de abogados defensores de los Derechos Humanos que figura entre los solicitantes de los documentos sobre los incidentes con muertos en el marco de las operaciones contra el tráfico de drogas.
El fallo del alto tribunal llega meses después de que el Tribunal Penal Internacional anunciara que abría un examen preliminar de una denuncia presentada por un abogado que acusa a Duterte y altos cargos de crímenes contra la humanidad.
Tras la decisión de la corte internacional, Duterte ha retirado a Filipinas del tratado que ampara el TPI, aunque esa decisión no afecta a la jurisdicción porque en el momento de los hechos denunciados el país sí que estaba sometido a la corte con sede en La Haya.
La guerra contra las drogas ha implicado la muerte de cerca de 4.100 personas en el marco de operaciones policiales y como consecuencia de acciones de hombres armados o enfrentamientos entre bandas rivales. La Policía defiende la actuación de sus agentes y niega las acusaciones de abusos sistemáticos, argumentando que los agentes solo han disparado cuando los traficantes se han resistido a ser arrestados.
El presidente del Tribunal Supremo, Antonio Carpio, ha pedido a Calida que le remita los nombres, las direcciones y el género de las personas fallecidas en operaciones policiales y otras muertes relacionadas con temas de drogas.
El magistrado ha solicitado a las autoridades detalles de cada operación antidroga con muertos, los policías y los testigos implicados y copas de las órdenes judiciales contra los sospechosos abatidos en esos operativos.
La orden del juez afecta a las muertes relacionadas con operaciones contra la droga desde julio de 2016 hasta noviembre de 2017, cuando dos demandantes solicitaron al alto tribunal que publicara los documentos sobre las operaciones.
El abogado defensor de los Derechos Humanos Edre Olalia ha dicho que el Gobierno está obligado a cumplir la orden del tribunal y que debe someterse a la legislación. "Ya ha llegado el momento de asumir la responsabilidad y si se demuestra, tendrá que haber rendición de cuentas por jugar a ser Dios acabando con vidas", ha concluido.
