BANGKOK 26 Mar. (EP/AP) -
La mujer del ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra, Poyaman Shinawatra, fue acusada hoy de evadir unos 12 millones de euros en impuestos. Este será el primer juicio por corrupción contra un miembro del círculo familiar del antiguo líder desde el golpe de Estado del pasado septiembre.
Poyaman Shinawatra, su hermano y su secretaria fueron procesados por el Tribunal Criminal de Bangkok y liberados después de depositar una fianza de 120.000 euros, según informó el abogado Nopadol Patama.
El Tribunal ha establecido el inicio del juicio para el próximo 14 de mayo. Este proceso judicial es el primero que afecta al círculo familiar de Thaksin, quien fue expulsado por un golpe de Estado el pasado mes de febrero y acusado por su población y la comunidad internacional de corrupción. Los líderes golpistas aluden a la culpabilidad de Thaksin para justificar su acción militar.
Poyaman, que podría enfrentarse a una pena de cárcel si es considerada culpable, no hizo declaraciones a los periodistas y fue escoltada por decenas de agentes de seguridad hasta el palacio judicial, al que llegó en un turismo oscuro. Más de 100 policías fueron desplegados en la zona para impedir enfrentamientos entre partidarios y detractores de Thaksin, según explicó el capitán de Policía Somsak Wimanrat. El abogado de la familia anunció que los tres imputados se declararán no culpables y que prepara la defensa: "Estamos preparando a los mejores abogados fiscales para pelear este caso en el tribunal", indicó.
El caso se centra en una transferencia de acciones realizada en 1997 hacia el imperio de telecomunicaciones que poseía la familia, posteriormente conocido como Shin.
Una investigación liderada por el Comité de Examinación de Activos --organismo creado por los golpistas para destapar delitos fiscales de Thaksin-- dio con que Poyaman y su hermano no devolvieron impuestos que alcanzarían los 12 millones de euros en la actualidad por la citada transferencia. Las penas máximas a las que se enfrentan podrían llegar a los 14 años de prisión y el pago de una multa de 9.100 euros cada uno, según explicó el portavoz de la Oficina del Ministerio de Justicia, Attapol Yaisawang.