NUKUALOFA 14 Ago. (EP/AP) -
El Tribunal Supremo de Tonga, una de las dos últimas monarquías del Pacífico, condenó al líder de los disturbios que tuvieron lugar el año pasado, y que dejaron ocho muertos, a siete años en prisión, el mayor castigo impuesto hasta el momento, según informó el ministro de Información, Afualo Matoto.
El Gobierno tongano, mientras tanto, extendió hoy el estado de emergencia en la isla de Tongatapu a otros 30 días "para mantener el orden público", según declaró en un comunicado. El centro de la capital, Nukualofa, se encuentra bajo estado de emergencia desde el comienzo de los disturbios.
El 16 de noviembre del 2006 tuvieron lugar unas protestas contra los retrasos en la aplicación de las reformas democráticas en el reino, que terminaron con varios alborotadores que incendiaron parte de la capital y saquearon el céntrico distrito comercial. Los saqueos supusieron pérdidas de unos 150 millones de euros en daños. Siete personas murieron quemadas en las oficinas de Shoreline, la mayor compañía eléctrica del país.
Maake Kali, de 30 años, fue condenado a siete años de prisión por instigar los disturbios que tuvieron como objetivo negocios de propiedad china. "Los crímenes de los que has sido encontrado culpable son muy graves y los hechos (del 16 de noviembre) permanecerán en la memoria de todos los tonganos en los años venideros", declaró el presidente del Tribunal, Anthony Ford.
Kali fue acusado de tirar la primera piedra contra la puerta de cristal de una tienda china cuando más de 300 personas se juntaron allí durante las protestas. La muchedumbre saqueó la tienda y más tarde la quemó. "El grado de violencia que cometiste fue extremo en cada uno de sus aspectos" manifestó Ford. "Los alborotadores no serán tolerados por el Tribunal y serán castigados de acuerdo a sus actos", añadió.
Akilisi Pohiva, del grupo Movimiento Tongano de Derechos Humanos y Democracia, denunció que no existe ninguna razón para extender el estado de emergencia y pidió que se retirase. "Las ampliaciones continuas son una estrategia del Gobierno para restringir las libertades de movimiento y de expresión en Tonga", concluyó Pohiva.