Un tribunal tailandés condena a dos años de cárcel a un activista monárquico

BANGKOK, 1 Oct. (Reuters/EP) -

   Un tribunal de Tailandia ha condenado este martes a dos años de cárcel a un activista político partidario de la monarquía por un delito de 'lesa majestad', concretamente por haber reproducido unas declaraciones de una activista rival en las que aparentemente se insultaba al rey.

   La condena ha sido dictada contra el empresario Sondhi Limthongkul fundador de los 'camisas amarillas', un movimiento de protesta que entre 2005 y 2008 contribuyó a socavar las bases de los gobiernos liderados o apoyados por el ex primer ministro Thaksin Shinawatra.

   Sondhi, quien sobrevivió hace cuatro años a un intento de asesinato, ha estado presente en la sala, pero se ha negado a hacer comentarios. Antes de la sentencia, el empresario aseguró que los cargos habían sido inventados por sus rivales políticos --a los que no identificó-- y que nunca se había planteado vulnerar las leyes sobre lesa majestad. El condenado ha sido liberado tras el pago de una fianza y su abogado ha asegurado que se va a recurrir la condena ante el Tribunal Supremo.

   Los problemas para Sondhi comenzaron cuando decidió reproducir unas declaraciones hechas por una activista rival, Daranee Charnchoengsilpakul, partidaria de los 'camisas rojas' --afines a Thaksin-- y que fue condenada en 2011 a quince años de cárcel precisamente por sus palabras. Sondhi aseguró que había decidido reproducir estas declaraciones para demostrar que Daranee había cometido un delito de lesa majestad.

   "El acusado no tenía razones para repetir los comentarios de una rival política en un espacio público, puesto que repetir estas palabras ya conocidas de antemano ha contribuido a aumentar su audencia", ha declarado el juez.

   El rey de Tailandia, Bhumibol Adulyadej (de 85 años), es una figura prácticamente divina y protegida por las leyes sobre lesa majestad, que castigan con hasta quince años de cárcel cualquier insulto o amenaza a la monarquía. Los sectores críticos han denunciado el uso de estas leyes por parte de facciones o individuos para perseguir o desacreditar a sus rivales políticos.