BANGKOK, 20 Mar. (Thomson Reuters Foundation/EP) -
El Tribunal Superior de Nueva Delhi ha sentenciado que los desalojos forzosos y sin previo aviso de los habitantes de los suburbios son ilegales si no se estudia previamente el caso y se traza un plan de realojo, en lo que es una victoria de los activistas por los derechos de la vivienda en la capital india.
El caso surge a raíz de una denuncia en 2015 por un desalojo forzoso de 5.000 habitantes del suburbio de Shakur Basti (Nueva Delhi), en el que un niño de seis meses murió durante la demolición de más de 1.000 asentamientos.
El tribunal ha recalcado en la sentencia que los habitantes de los suburbios no deben ser vistos como invasores u ocupantes ilegales. "El derecho a la vivienda forma parte de un lote más amplio que no se limita a un mero refugio sobre la cabeza de cada uno", ha afirmado.
"Incluye el derecho a la vida, a la salud, el derecho a la educación y a un alimento adecuado, incluido el derecho a beber agua limpia, alcantarillado y transporte", ha señalado el tribunal en el escrito, así como el derecho a disfrutar de la libertad de vivir en la ciudad.
El rápido crecimiento de las ciudades indias, junto con la poca claridad que hay en la posesión de la tierra, ha disparado las disputas legales y ha llevado al desalojo de las comunidades más pobres durante las dos últimas décadas, según han denunciado activistas de Derechos Humanos.
Al menos seis hogares fueron destruidos y 30 personas fueron desalojadas cada hora en India durante 2017, según denuncia la ONG Housing and Land Rights Network (HLRN), mientras las autoridades modernizan las ciudades y construyen aeropuertos y carreteras.
La sentencia es "extremadamente importante para crear jurisprudencia en el derecho a la vivienda", ha afirmado la directora del HLRN, Shivani Chaudhry. "Remarca la necesidad de dejar de ver a los pobres como usurpadores y ocupas ilegales de tierra y marca el proceso que hay que seguir antes de hacer cualquier desajolo", ha señalado este miércoles.
En el caso de Shakur Basti, muchos residentes aseguran que llevan viviendo allí cerca de dos décadas, pero las autoridades afirman que la tierra pertenece a la empresa estatal de ferrocarriles y que han reiterado su petición a las personas que viven allí para que se marchen.
La sentencia explica que cuando haya que desalojar a los habitantes de un asentamiento, las autoridades deben primero consultar con ellos para ver si es posible una reubicación en otro lugar. En caso negativo, deben darle un tiempo adecuado para irse.
Sin embargo, no hay una política uniforme al respecto, según ha denunciado el abogado que ha llevado el caso y activista en la ONG Human Rights Law Network, Choudhary A.Z. Kabir.
"Cuando se habla del derecho a la vivienda, está dirigido especialmente a los pobres que necesitan una vivienda adecuada, algo que se les niega", ha afirmado. "Construyen nuestras ciudades y nos dan todo tipo de servicios a pesar de que se les niega su derecho a la ciudad", ha señalado.
