ZÚRICH, 31 Ago. (Reuters/EP) -
El Tribunal Administrativo Federal de Suiza ha dictado una sentencia este jueves por la que los eritreos a los que se les haya negado el asilo en el país europeo y hayan completado su servicio militar en la nación africana podrán ser deportados.
"Los eritreos que hayan cumplido con su servicio militar no tienen que considerar la renovación de sus inscripciones o ser castigados en Eritrea. Los afectados no serán amenazados ni se violarán sus Derechos Humanos", ha afirmado el tribunal suizo.
Esta resolución, que no puede ser apelada, también se aplicará a aquellos eritreos que hayan vivido durante años en el extranjero, siempre que hayan contribuido con las autoridades eritreas pagando un dos por ciento de impuestos y hayan firmado una "carta de arrepentimiento".
El caso fue abierto por una mujer eritrea que dejó su hogar a los 29 años tras haber cumplido ampliamente el servicio militar. El Tribunal ha declarado que no se puede considerar que desertara porque, aunque técnicamente deben servir de forma indefinida, se les suele dar el alta del servicio militar tras varios años.
Los eritreos son el mayor grupo de solicitantes de asilo en Suiza, con alrededor de 14.500 ciudadanos en proceso de asilo, según los registros presentados por el Gobierno a finales de julio. Unos 9.000 de ellos han conseguido protección temporal o el estatus de refugiado.
Naciones Unidas considera refugiados a los eritreos que han huido de su país, no inmigrantes económicos. Una investigación que hizo la ONU en 2015 sobre la situación de los Derechos Humanos en Eritrea reveló que entre 300.000 y 400.000 personas habían sido "esclavizadas" al ser obligadas a cumplir con un servicio militar indefinido y concluyó que los altos cargos eritreos deberían ser juzgados por crímenes contra la Humanidad.
Aunque el sistema eritreo de servicio militar fuese la principal preocupación del estudio que realizó la ONU, la organización ha asegurado que en el país se estaba dando un "intenso clima de represión", que incluía el uso de la tortura y la violación, lo que llevaba a las personas a huir.
Sheila Keetharuth, una relatora que participó en el informe de Naciones Unidas, informó en junio a la Comisión de Derechos Humanos de la ONU de que las personas eritreas seguían sufriendo arrestos arbitrarios, detenciones sin aviso previo, desapariciones forzadas y tenían que cumplir con un servicio militar que se trataba más bien de esclavitud.
Las autoridades eritreas han rechazado las acusaciones de la ONU, tachándolas de "ridículas", dado que consideran que responden a intereses parciales y se basan en denuncias falsas.
