BRUSELAS 20 Mar. (EUROPA PRESS) -
El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Dámaso Ruiz-Jarabo, dictaminó hoy que la legislación alemana obstaculiza indebidamente la libre circulación de estudiantes en territorio comunitario ya que, por un lado, sólo permite conceder becas a los alemanes que van a formarse al extranjero si previamente han seguido un curso de al menos un año de duración en Alemania y, por el otro, deniega cualquier tipo de ayuda a los estudiantes que residen en localidades transfronterizas con fines de aprendizaje.
Ruiz-Jarabo admite que un Estado miembro goza de gran discrecionalidad para otorgar ayudas para formarse fuera del país y para fijar sus condiciones, pero recuerda que debe respetar el derecho comunitario, salvaguardando sus principios básicos, como el de libre circulación.
En cuanto a la subordinación de la beca a que la formación constituya la prolongación de la seguida a lo largo de un año en un centro alemán, el abogado general señala que este requisito disuade de matricularse en universidades de otros Estados miembros en busca de una formación completa, ya que supone renunciar a las ventajas financieras concedidas a quienes, en iguales condiciones, permanecen en el territorio de origen. Existe, por tanto, una restricción de la libre circulación de estudiantes.
En opinión Ruiz-Jarabo, la exigencia de un vínculo real del interesado con su lugar de origen puede justificar el obstáculo a la financiación de la formación en otros Estados de la Unión. No obstante, asociar al individuo con el Estado mediante el comienzo de los estudios "no representa apropiadamente el grado real y efectivo del nexo ni lo refuerza".
En cuanto a la disposición de la normativa alemana que deniega las ayudas a los estudiantes que se mudan a una localidad cercana a la frontera distinta a la de su residencia habitual para asistir a clases en otros Estados miembros, el abogado general considera también que menoscaba la libre circulación de estudiantes.
La opinión del abogado general no vincula al Tribunal de Justicia, pues su función consiste en proponerle, con absoluta independencia, una solución jurídica al asunto del que se ocupa. Los jueces comenzarán ahora sus deliberaciones sobre este asunto y la sentencia se dictará en un momento posterior.