Caracas considera estas sanciones una expresión de la "frustración" de la UE "ante el fracaso de su agresión contra nuestro pueblo"
BRUSELAS, 22 (EUROPA PRESS)
El Consejo de la Unión Europea ha ampliado este lunes las sanciones contra Venezuela a 19 altos funcionarios, jueces, políticos y militares implicados en el proceso electoral y la violación de derechos fundamentales en el país. Caracas ha criticado ya las sanciones, que considera una expresión de la "frustración" de Bruselas "ante el fracaso de su agresión contra nuestro pueblo".
De esta forma los Veintisiete responden a las elecciones legislativas de diciembre, que no fueron reconocidas al considerar que el proceso no cumplió los estándares democráticos. La decisión afecta entre otros al Consejo Nacional Electoral, empezando por su presidenta, Indira Alfonzo, y al Ejército venezolano, incluyendo a líderes como Reimigio Ceballos, comandante del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB), el máximo órgano de las fuerzas armadas venezolana, al que acusan de la represión.
Entre los políticos 'chavistas' afectados por la nueva ronda de sanciones destaca el gobernador de Zulia, Omar Prieto Fernández, al que la UE acusa de menoscabar la democracia y promover las elecciones ilegítimas. También recogen sus amenazas de proclamar la independencia de Zulia si asume el poder un gobierno de transición dirigido por el opositor Juan Guaidó.
Las nuevas restricciones recaen sobre dos diputados de la Asamblea Nacional "no elegida democráticamente" y varios magistrados de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo venezolano por "usurpar los poderes constitucionales de la Asamblea Nacional" y "menoscabar los derechos de la oposición", en particular la designación unilateral del CNE.
Con esta nueva tanda de sanciones, la lista negra de la UE pasa de 36 a 55 individuos venezolanos responsables, en el ejercicio de sus cargos oficiales, de minar la democracia y violar derechos fundamentales.
Los Veintisiete buscan así responder a "acciones persistentes que socavan la democracia, el Estado de Derecho y el respeto de los Derechos Humanos en el país". Las medidas comprenden también el embargo de armas y equipos destinados a la represión interna. Pese a las sanciones, la UE reitera su posición de mantener contactos con los actores en Venezuela para promover un dialogo pacífico para lograr una salida democrática a la crisis en Venezuela.
RESPUESTA DE VENEZUELA
El ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza, ha respondido a estas sanciones, que considera una expresión "anacrónica, intervencionista e injerencista" de la "frustración" de Bruselas "ante el fracaso de su agresión contra nuestro pueblo".
En un comunicado, el Ministerio de Arreaza ha indicado que "rechaza categóricamente" las sanciones porque señalan con "falsos argumentos" como consecuencia de la "frustración" de "un grupo de Estados" de la UE "por la manifiesta ineficacia de sus acciones para forzar un cambio de gobierno por la fuerza en Venezuela".
"No es más que otra torpe decisión, cuya única intención apunta a afectar negativamente el diálogo político que se desarrolla en el país", ha indicado Caracas, que destaca el carácter "arbitrario" de estas medidas "sin asidero jurídico alguno" en el Derecho Internacional, por lo que la considera "ilegal".
En ese sentido, Venezuela cree que es una "arrogante afrenta" a la ONU porque hace unos días la relatora especial sobre medidas coercitivas unilaterales y Derechos Humanos, la bielorrusa Alena Douhan, había emplazado a Estados Unidos y a la UE a relajar las sanciones. Por todo ello, el Gobierno venezolano emplaza a la UE a cesar su "sistemática agresión contra el pueblo venezolano" y abandone "los vestigios y pretensiones neocoloniales".
También el presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), Maikel Moreno, ha rechazado las sanciones "injerencistas" de la UE. "La UE se ha puesto al margen del Derecho Internacional, reconocido por las naciones civilizadas, al pretender dirigir y evaluar el desempeño de estos funcionarios y funcionarias del país, buscando vulnerar, de esta manera, la soberanía de la República y la dignidad del pueblo libre de Venezuela", ha apuntado en un comunicado oficial.
Para Moreno, estas sanciones "representan una abierta agresión contra la soberanía venezolana, que buscan entorpecer la consolidación de la paz y el entendimiento entre los venezolanos y venezolanas, independientemente de sus posiciones políticas e ideológicas".
