UE.- La CE dice que no tiene poderes para pronunciarse sobre las competencias que Madrid da a sus agentes forestales

Actualizado 09/11/2007 20:37:57 CET

BRUSELAS, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea reconoce que no está capacitada para pronunciarse sobre las competencias que el Gobierno autonómico de Madrid atribuye a sus agentes forestales en virtud de la normativa que la Asamblea Autonómica aprobó recientemente para regular planes de emergencia y medidas para modernizar la administración y el Gobierno autonómicos en la materia.

El comisario de Medio Ambiente, Stavros Dimas, explicó que la reciente normativa aprobada por Madrid "no entra en el ámbito de competencia" de la Unión Europea que, subrayó, "no tiene poder para intervenir en este asunto", ya que "en virtud del principio de subsidiaridad, son los Estados miembros los que tienen que decidir qué competencias otorgan a sus agentes forestales".

Dimas contestaba así a una pregunta parlamentaria del eurodiputado socialista Carlos Carnero que interrogó a la Comisión si conocía la legislación aprobada que, a su juicio, "impide que los agentes forestales de la comunidad autónoma de Madrid ejerciten sus responsabilidades de forma total para actuar como policías, agentes y vigilantes, garantizando el cumplimiento de las disposiciones legales que afectan a bosques, flora, fauna, caza, pesca, incendios forestales, ecosistemas y agua".

Carnero arguyó que la nueva normativa "exige que los agentes estén en posesión de una orden judicial para poder acceder a un monte privado en todos los casos", algo que asegura les "prohíbe apagar fuegos denunciados" en caso de no contar con dicha orden, a pesar de tratarse de una situación de emergencia.

En términos prácticos, el diputado socialista asegura que la ley autonómica madrileña supone que "la acción preventiva de los agentes y el control sobre sus responsabilidades se han visto anulados o rebajados en el 70% de la Comunidad de Madrid".

El diputado subrayó que "muchas de las zonas naturales protegidas por la legislación europea en la comunidad autónoma de Madrid forman parte de ese 70%" del territorio afectado por la normativa y advirtió de que, tal hecho, "tiene un impacto negativo y directo sobre la conservación de dichas zonas protegidas".