BRUSELAS, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Comisión Europea anunció hoy la apertura de un expediente contra España y otros 23 países por retrasos en aplicar la nueva norma comunitaria sobre mercados de instrumentos financieros y servicios de inversión (conocida como directiva Mifid, en sus siglas en inglés). Pese a que el plazo para adaptar el texto a las legislaciones nacionales vencía el pasado 31 de enero, sólo Reino Unido, Irlanda y Rumania han cumplido.
Junto con el procedimiento de infracción, el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, ha enviado una carta al vicepresidente del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y al resto de sus homólogos expedientados en la que reclama que se dé "prioridad política" a la transposición de esta directiva porque un mayor retraso tendría "efectos económicos devastadores", según explicó su portavoz, Oliver Drewes.
El portavoz destacó que es "muy importante" que Reino Unido ya haya adaptado la norma porque se trata del "actor clave" en el área de los servicios financieros dentro de la UE. Asimismo, explicó que el resto de países grandes, como Alemania o Francia, han anunciado que lo harán antes del verano. Sin embargo, España ya ha informado a la Comisión que no tiene previsto completar los trámites al menos hasta noviembre.
"Pido a todos los Estados miembros que respeten el calendario que han aprobado ellos mismos. Si hay más retrasos, las empresas y los bancos europeos podrían sufrir importantes desventajas competitivas", dijo el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, a través de un comunicado.
La directiva Mifid es una des "piedras angulares" para crear un sistema financiero paneuropeo para la compraventa de acciones. Eliminará todos los obstáculos a la utilización de un verdadero "pasaporte único" para las empresas de inversión con el fin de permitirles trabajar en toda la UE con un mínimo de trámites, estimulando así la competencia en igualdad de condiciones y al mismo tiempo protegiendo los intereses de los inversores.
Al aprobarla, el Consejo y la Eurocámara acordaron que los bancos y las sociedades de inversión dispondrían de 9 meses suplementarios tras su entrada en vigor --es decir, hasta el 1 de noviembre de 2007--, para ajustar sus sistemas y su organización a las exigencias de la norma. Bruselas asegura de que cualquier retraso en la transposición reducirá el tiempo con el que cuentan las empresas para prepararse a un entorno reglamentario totalmente nuevo.
Además, la ausencia de adaptación nacional más allá del 1 de noviembre de 2007 podría dañar el buen funcionamiento del "pasaporte" y tener una incidencia significativa en los mercados financieros de la Unión, según el Ejecutivo comunitario. Las empresas se encontrarían con dificultades para ofertar sus servicios en otros Estados miembros y estarían en una situación de inseguridad jurídica en cuanto a la legislación aplicable.
En este contexto, la Comisión advierte de que los Estados miembros se exponen a que las empresas les lleven ante la justicia para reclamar los daños y perjuicios sufridos por una aplicación tardía de la norma.
