BRUSELAS, 3 Abr. (EUROPA PRESS) -
El comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, escribirá a las autoridades españolas para solicitarles información sobre la aplicación de la legislación comunitaria en el funcionamiento de la planta de ciclo combinado 'Cristóbal Colón' que Endesa tiene en la provincia de Huelva, según una respuesta parlamentaria del comisario remitida al eurodiputado de Izquierda Unida Willy Meyer.
Meyer quiere saber si la Comisión apelará a la Junta de Andalucía para que clausure de manera inmediata la estación eléctrica de Endesa basándose en que los trabajos de construcción de la planta se hicieron en ausencia de la Autorización Ambiental Integrada (AAI) que exige la directiva comunitaria sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación, tal y como denunció en su momento la Asociación Ecologistas en Acción con sede en Huelva.
El eurodiputado pregunta asimismo al Ejecutivo comunitario si investigará por qué se puso en marcha la planta de Endesa en Huelva sin contar con las autorizaciones necesarias y determinar, en su caso, quién tendría que pagar si se impusieran multas.
"La Comisión no conoce este caso y no dispone de detalles concretos sobre el proceso regulador y los controles impuestos al funcionamiento de la planta. Por lo tanto, la Comisión escribirá a las autoridades españolas para pedir información sobre la aplicación de la legislación comunitaria al funcionamiento de la planta antes de decidir si tiene que actuar de acuerdo con los poderes que le confiere el Tratado", indica Dimas.
Por lo que respecta a las posibles multas, el comisario recuerda que Bruselas tiene competencias para emprender acciones frente a un Estado miembro que no cumple la legislación comunitaria, pero no para determinar a quién correspondería hacer frente a las posibles sanciones.
En cuanto a la fase de construcción de la eléctrica, Dimas subraya que "basándose en la información disponible no existe ningún indicio de que se haya incumplido la directiva sobre evaluación de impacto ambiental". Los proyectos para la construcción de instalaciones que superen los 300 megawatios o más requieren una evaluación de impacto y, según el comisario, "se han realizado en cada fase del proyecto y han sido aprobados por las autoridades españolas".
