Un parlamentario austriaco pide que se congelen los fondos europeos a Valencia hasta que se resuelvan los problemas
BRUSELAS, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -
La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo estudia elaborar un nuevo informe sobre los abusos urbanísticos en la Comunidad Valenciana. De confirmarse esta iniciativa, será la quinta vez que la Eurocámara se pronuncie sobre el urbanismo valenciano. En su última resolución, aprobada en junio de 2007, el Parlamento ya expresó su "más enérgica condena" contra los "macroproyectos de urbanización" en España, que se han extendido "especialmente a la Comunidad Valenciana y otras regiones de la franja costera mediterránea".
La propuesta de elaborar un nuevo informe partió del vicepresidente de la comisión de Peticiones, el laborista británico Michael Cashman, después de un debate de dos horas sobre alrededor 40 quejas contra el urbanismo valenciano en el que participaron muchos denunciantes. Entre los planes urbanísticos que se debatieron se encuentran los de Catral, Parcent, Rojales, o Monòver en Alicante, el de Porxinos en Riba-roja donde se situará la nueva ciudad deportiva del Valencia, o los que afectan a Alzira y al parque natural de la Albufera.
Cashman propuso que en este nuevo informe del Parlamento se recojan las conclusiones del debate y una resolución sobre el urbanismo valenciano. La eurodiputada del PP Cristina Gutiérrez Cortines replicó que sólo aceptaría que se elabore el informe si se deja claro a los afectados por el urbanismo valenciano que "no les podemos resolver el problema" porque "de lo contrario estamos haciendo demagogia y utilizando la resolución para sacarnos la foto".
Al no haber acuerdo este miércoles, la decisión final sobre la elaboración del nuevo informe se tomará en la próxima reunión de los coordinadores de los grupos políticos de la Comisión de Peticiones, prevista para los días 26 y 27 de mayo. Fuentes parlamentarias señalaron que "no hay duda" de que se hará esta resolución porque cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos excepto el PP español. Incluso los conservadores británicos lo apoyan. De lo que se trata ahora es de decidir cuál será su alcance.
Durante el debate en la comisión de Peticiones, la representante del departamento de Mercado Interior de la Comisión, Flor Castilla, recordó que el Ejecutivo comunitario ya ha presentado una denuncia contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por considerar que incumple la legislación europea en materia de contratación pública. El caso está pendiente de sentencia. No obstante, Castilla dijo que el fallo "no resolverá la situación individual" de los denunciantes de abusos urbanísticos, y les recomendó que acudan a los tribunales nacionales si consideren que se están vulnerando sus derechos.
La Comisión recordó que las cuestiones relacionadas con el derecho de la propiedad o la urbanización excesiva no son competencia de la UE. Asimismo, garantizó que actuará si detecta infracciones a la legislación comunitaria en materia de medio ambiente, aunque no dio ningún detalle.
En representación del Gobierno valenciano intervino la secretaria autonómica de la Consellería de Medio Ambiente, María Ángeles Ureña, que aseguró que la Ley Urbanística Valenciana cumple las demandas realizadas por la Eurocámara en anteriores informes por lo que se refiere a "una mejor garantía de los derechos de los particulares, una mejor transparencia en el proceso de selección del urbanizador y una mayor publicidad".
SIN FONDOS PARA VALENCIA
En el debate posterior, la intervención más contundente la realizó el eurodiputado socialista austriaco Herbert Bösch, que reclamó que se bloqueen las ayudas europeas a la Comunidad Valenciana hasta que se resuelvan los abusos urbanísticos. "En tanto que no se aclaren estas cosas, que los fondos que vayan a la Comunidad Valenciana en el año presupuestario 2009 se coloquen en la reserva presupuestaria", pidió. Acusó a la representante del Gobierno valenciano de "tomar el pelo" a los eurodiputados y desaconsejó cualquier inversión en la Comunidad Valenciana.
También se mostraron muy preocupados por la situación en Valencia los eurodiputados británicos, tanto los laboristas, como el propio Cashman, como los conservadores, como Neil Parish o Robert Atkins, que forman parte del grupo popular europeo junto con los parlamentarios del PP. "Esta situación no puede continuar. Es inaceptable que la gente pierda su propiedad, pierda su dinero y sus ahorro", dijo Atkins. El también británico Roger Helmer, del grupo de No Inscritos, dijo que en la Comunidad se practica el "robo institucionalizado".
Los eurodiputados del PP español fueron los únicos que defendieron la actuación del Gobierno valenciano. En este sentido, José Manuel García Margallo dijo que los denunciantes tenían su simpatía pero recalcó que la UE no tiene competencias en materia de urbanismo y que estas cuestiones deben resolverse en España. "No estoy dispuesto a oír en esta comisión que se diga que España es una república bananera en la que las leyes no puedan recurrirse ante un Tribunal Constitucional o donde cualquier ciudadano que ve lesionados sus intereses no tiene recursos suficientes. Los tiene. España es un Estado garantista", destacó.
El popular Carlos Iturgaiz aseguró que el Consell ha hecho un gran esfuerzo para mejorar la ley urbanista valenciana y proteger mejor los derechos de los propietarios. Finalmente, Gutiérrez Cortines aseguró que está en contra de la figura del urbanizador y se mostró partidaria de pactar con el PSOE la financiación de los ayuntamientos para evitar este tipo de problemas. No obstante, señaló que "se está engañando a las víctimas" al hacerles creer que la UE puede hacer algo en este caso.
El resto de eurodiputados españoles expresaron su apoyo a los denunciantes y criticaron la actuación del Gobierno valenciano. En este sentido intervinieron los socialistas Maruja Sornosa, Vicent Garcés e Inés Ayala; el parlamentario verde David Hammerstein; el representante de Izquierda Unida, Willy Meyer; y el de Iniciativa per Catalunya, Raül Romeva.
Sornosa pidió a la Comisión que, además de las cuestiones de contratación pública, investigue todas las quejas que tienen que ver con que no se respeta suficientemente la directiva de evaluación de impacto ambiental, las relacionadas con desarrollos urbanísticos en zonas protegidas y las que denuncian que no habrá recursos hídricos suficientes para atender a las nuevas viviendas.
