BRUSELAS, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, Marcin Libicki, ha solicitado una reunión privada con los comisarios de Mercado Interior, Charlie McCreevy, y de Medio Ambiente, Stavros Dimas, para conocer los planes del Ejecutivo comunitario con respecto al expediente que sigue contra la Ley Urbanística Valenciana (LUV) antes de la nueva visita que harán algunos eurodiputados a Madrid y Valencia a finales de febrero.
Fuentes de la comisión parlamentaria explicaron que se prevé que esta reunión pueda celebrarse en los "próximos 10 días" para que los eurodiputados que viajen a España conozcan de primera mano "la posición clara de la Comisión" sobre el procedimiento de infracción contra la LUV. Aún sin confirmar, la fecha prevista para la visita es del 28 de febrero al 2 de marzo, precisaron.
Señalaron que Libicki quiere conocer los detalles del expediente desde el punto de vista de la directiva de contratos públicos, "pero también, de manera más amplia, en relación con los derechos individuales de la propiedad" y cómo se "protegen en España, particularmente en el caso valenciano, pero no exclusivamente".
La comisión de Peticiones espera todavía la autorización oficial del presidente de la Eurocámara, Hans Gert Poettering, para visitar por tercera vez España en relación a este caso. En principio, los planes son visitar Madrid y Valencia, aunque, "si hay tiempo", los eurodiputados desearían viajar a más lugares. No obstante, las fuentes apuntaron que el viaje "estará esencialmente centrado en los problemas en Valencia".
También una vez que Poettering autorice la visita, la comisión de Peticiones cursará las oportunas peticiones para reunirse con autoridades españolas, entre ellas, con el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, y el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, agregaron las fuentes.
TERCER DESPLAZAMIENTO A ESPAÑA.
Ésta será la tercera ocasión en la que la comisión de Peticiones se desplaza a España para recavar información acerca de las presuntas irregularidades de la legislación urbanística valenciana. Empezó a estudiar este caso después de las miles de quejas que cursaron ciudadanos europeos contra la ya derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y que dieron como resultado el Informe Fourtou, aprobado por el Pleno de la Eurocámara en diciembre de 2005 y que ponía al descubierto los abusos cometidos.
Las fuentes indicaron hoy que la actividad de la comisión parlamentaria continúa a día de hoy, puesto que sigue recibiendo quejas de los ciudadanos, esta vez contra la norma que sucedió a la LRAU, la LUV.
De manera paralela, la Comisión Europea sigue un procedimiento de infracción contra esta ley al considerar que la nueva legislación mantiene irregularidades de la LRAU porque sigue considerando que los planes de actuación integrada (PAI) no son contratos públicos y que, en consecuencia, son incompatibles con las directivas comunitarias.
Bruselas opina justo lo contrario y ha pedido modificaciones en los términos de la ley para evitar la denuncia de España ante el Tribunal de Justicia de la UE.
La Comisión señala que "el procedimiento de selección de los agentes urbanizables (figura presente en la LUV) sigue violando la directiva de contratos públicos en varios aspectos". Entre las infracciones también menciona "la situación de los promotores que piden el inicio de un PAI, el contenido y la publicidad de los anuncios de licitación, algunos criterios de adjudicación del contrato, y la posibilidad de modificar partes del contrato o proyecto seleccionado después de su adjudicación".
Por otra parte, ha censurado que las autoridades valencianas han seguido concediendo contratos en el marco de la polémica LRAU hasta el 1 de febrero de 2006, fecha en que entró en vigor la LUV, con la consiguiente violación de las disposiciones de las directivas de contratación pública de la UE.
