BRUSELAS, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -
La comisión de Transportes de la Eurocámara exigió hoy que sean los Estados y no los usuarios los que paguen las medidas de seguridad en los aeropuertos más estrictas que las previstas en la legislación comunitaria. Ello significa que los escáneres corporales, que todavía no están incluidos entre los instrumentos comunes de la UE, deberán ser financiados por los Gobiernos que los introduzcan y no se podrán cargar en forma de tasas sobre los billetes.
El resultado del voto, que todavía debe ser ratificado por el pleno, enfrenta al Parlamento con los Gobiernos de los 27. Las capitales rechazan una directiva de la UE que les imponga la financiación pública de las medidas de seguridad. Para que se apruebe la norma se requiere un acuerdo entre las dos instituciones.
En la actualidad, cada país aplica sus propias reglas para determinar quién paga los costes de seguridad. En algunos países, el Gobierno participa en la financiación (como en Luxemburgo) pero lo más común es que las autoridades aeroportuarias factures los costes a las aerolíneas, que a su vez los repercuten sobre los pasajeros.
La Comisión había propuesto una serie de reglas básicas que las autoridades aeroportuarias debían respetar para fijar sus tasas de seguridad -transparencia, consultas y no discriminación entre compañías aéreas- con el objetivo de garantizar una competencia en igualdad de condiciones.
Los parlamentarios apoyan estas propuestas y piden además que se informe a los pasajeros de la proporción de los costes de seguridad en el precio final del billete. Además, pretenden reforzar la directiva añadiendo el principio de la financiación pública. Se trata de evitar que los viajeros paguen medidas de seguridad responsabilidad de los Estados miembros.
Las medidas comunes que fija la legislación europea (cacheos manuales, detectores de metales o escáneres de líquidos) no estarían afectadas. Los Estados miembros seguirían teniendo libertad para determinar cómo financiarlas.
