BRUSELAS, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -
Los sospechosos de delitos menores en el extranjero podrán esperar juicio en su país de origen, sujetos a medidas de control judicial, en lugar de sufrir prisión preventiva en el Estado miembro en el que tuvo lugar el presunto delito, si los ministros de Justicia e Interior de los Veinticinco aprueban la propuesta presentada hoy por la Comisión Europea.
Alrededor de 10.000 ciudadanos europeos al año se enfrentan a prisión preventiva en un país de la Unión Europea. La denominada 'orden de supervisión' que plantea el Ejecutivo comunitario beneficiaría al 80% de los mismos, permitiría reducir la superpoblación de las cárceles europeas y también los gastos que ocasionan los presos preventivos, cuya media se acerca a los 3.000 euros al mes, según los datos de Bruselas.
La propuesta "evitará que los sospechosos pierdan el contacto con su familia y amigos y que pierdan su trabajo", dijo el portavoz de Justicia e Interior, Friso Roscam. También se evitarán discriminaciones por razón de nacionalidad, ya que las estadísticas que maneja la Comisión demuestran que los sospechosos extranjeros sufren la prisión preventiva con mucha mayor frecuencia que los nacionales del país, sobre todo para evitar el peligro de fuga.
"No se aplicará a crímenes serios como el asesinato o la violación. No se trata de dar carta blanca a los criminales ni nada por el estilo", insistió Roscam.
Las autoridades judiciales serán las que decidan en cada caso si se aplica esta 'orden de supervisión' teniendo en cuenta los riesgos de fuga, eliminación de pruebas y reincidencia. El Estado receptor será el responsable de la custodia, y se podrá devolver al país donde se celebre el juicio a los sospechosos que no cooperen.
