UE.- Los Veinticinco debaten mañana por primera vez la norma para recortar el precio del uso del móvil en el extranjero

BRUSELAS, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los responsables de Telecomunicaciones de los Veinticinco debatirán mañana por primera vez a nivel ministerial la propuesta de la Comisión de establecer un tope a las tarifas por el uso del móvil en el extranjero, el denominado 'roaming' o itinerancia internacional, cuyo objetivo es recortar en un 70% el precio de este servicio. Los operadores españoles podrían ser los más perjudicados por esta norma porque son los que más se benefician del 'roaming' por el gran número de turistas extranjeros.

En las negociaciones previas a nivel técnico, la gran mayoría de Estados miembros, encabezados por Reino Unido y los países nórdicos, han defendido regular únicamente las tarifas mayoristas, las que se cobran unas compañías a otras por el uso de las redes, según explicaron fuentes diplomáticas. La norma contendría además una cláusula según la cual si los recortes a las tarifas mayoristas no se repercuten sobre los clientes finales tras un determinado plazo se regularían también las tarifas minoristas.

Sin embargo, España cree que en el mercado mayorista ya hay suficiente competencia ya que los operadores extranjeros que quieran contar con una red española pueden optar entre Telefónica, Vodafone y Amena y por tanto no considera necesario regularla, una posición que es minoritaria entre los Veinticinco. Por ello, la delegación española reclama que al menos se regulen los dos tipos de tarifas, las mayoristas y también las minoristas. Sólo la Comisión y la República Checa respaldan esta postura, aunque británicos, alemanes, franceses e italianos han dado a entender que estarían dispuestos a poner un tope absoluto también para los precios minoristas.

La delegación española es consciente de que pagará la mayor parte del coste de esta norma (acompañada en menor medida de Portugal, Italia o Francia) porque es el único Estado miembro donde los operadores han realizado inversiones muy altas para contar con cobertura suficiente en los centros turísticos para un corto periodo de tiempo, que de recortarse el coste del 'roaming' no podrían recuperar y podrían acabar repercutiéndolo en el precio del resto de las llamadas. Por ello, durante las negociaciones reclamará compensaciones al resto de socios comunitarios.

La propuesta de la Comisión fija un tope para las tarifas mayoristas y para las minoristas. El precio que se cobran las compañías por usar sus redes no podrá superar, para las llamadas locales que se hagan en el extranjero --por ejemplo, un turista belga que viaja a España y llama a un taxi en Madrid--, el doble de la tarifa media de terminación móvil en la UE. Para las llamadas internacionales --el mismo turista belga llama desde Madrid a su familia en Bruselas-- la tarifa máxima de 'roaming' será el triple de esta media.

También habrá un límite para las tarifas que se cobran a los clientes, con el objetivo de garantizar que las bajadas de precios se repercutan sobre los consumidores. Este precio final sólo podrá ser un 30% más alto, como máximo, que el coste mayorista. No obstante, este tope entrará en vigor "automáticamente" 6 meses después que el resto del reglamento, es decir, en enero de 2008 en lugar de en verano de 2007, si se cumplen las previsiones de la comisión.

LIBERALIZACIÓN DE CORREOS

Los responsables de Telecomunicaciones de la UE discutirán también la propuesta de Bruselas para completar la liberalización de los servicios postales en 2009, que supondrá que los operadores históricos, como Correos en España, dejen de tener el monopolio sobre los envíos de menos de 50 gramos, el único sector que de momento no está abierto a la competencia.

La propuesta de directiva del Ejecutivo comunitario mantiene la obligación para los países de la UE de garantizar un servicio universal que incluya la entrega y recogida de correo al menos cinco días por semana para todos los ciudadanos de la UE. Para financiar este servicio universal, la norma fija un "menú" de opciones a los Estados miembros, entre los que se encuentran las ayudas públicas o los costes compartidos entre todos los proveedores.

Ello plantea problemas especialmente en los Estados miembros que menos han liberalizado hasta ahora y donde los operadores postales históricos todavía emplean a muchos trabajadores, como es el caso de Francia, Italia, Bélgica o Polonia, donde la liberalización puede convertirse en un conflicto social. En el lado contrario se encuentran los países que ya han abierto Correos a la competencia, como Reino Unido o Países Bajos, y también Alemania, que no ha liberalizado pero sí ha reforzado a su operador histórico para que pueda competir en un mercado abierto.

España considera que "ha hecho los deberes" y, aunque Correos --que emplea a alrededor de 60.000 trabajadores frente a otros países donde el personal de los servicios postales asciende a 200.000-- se opuso a la liberalización, el Gobierno considera que está bien preparado para competir. En este sentido, estaría dispuesto a aceptar la fecha de 2009, y también periodos transitorios más largos si con ello se resuelven los problemas de otros Estados miembros.

Al Consejo acudirá por parte de España el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Francisco Ros, que también participará en la cena de trabajo que tendrá lugar este domingo. En ella se empezará a discutir el nuevo marco reglamentario que quiere elaborar la UE para las telecomunicaciones y el enfrentamiento entre Alemania, que defiende que haya vacaciones regulatorias, y Reino Unido, que quiere una normativa fuerte para separar la propiedad de operadores y redes. España, al igual que otros países, defenderá que la UE dé de inmediato una señal clara a la industria, sin tener que esperar a la aprobación final de la norma que podría tardar hasta 2010, para que ésta sepa a qué atenerse con las inversiones.