El Consejo de Competitividad discutirá por segunda vez la propuesta para liberalizar los servicios postales
BRUSELAS, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los países de la UE analizarán hoy en el Consejo de Competitividad la propuesta que aprobó recientemente la Comisión Europea para obligar a la industria automovilística a fabricar en 2012 coches que emitan un máximo de 130 gramos de CO2 por kilómetro como medida para luchar contra el cambio climático.
El secretario de Estado de Asuntos Europeos, Alberto Navarro, y el director general de Industria, Joan Trullén, encabezarán la delegación española en una reunión a la que también asistirán los comisarios de Industria y Empresa, Günter Verheugen, y de Medio Ambiente, Stravos Dimas.
Verheugen y Dimas son los titulares de las dos carteras más involucradas en la toma de decisión con respecto al nivel de emisiones de CO2 de los coches, que fue objeto de una intensa negociación en el seno del Ejecutivo comunitario. En principio, el comisario de Medio Ambiente apostaba por fijar un límite máximo de 120 gramos por kilómetro, pero finalmente se impuso una solución que lo eleva a 130 gramos.
Además del límite de 130 gramos por kilómetro para la industria automovilística, Bruselas contempla un recorte adicional de emisiones de 10 gramos que correrán a cargo de medidas complementarias como el uso de biocarburantes o mejoras en los sistemas de neumáticos y aire acondicionado de los vehículos.
Por su parte, el Parlamento Europeo aprobó la pasada semana una resolución sobre el cambio climático en el que reclama un objetivo más ambicioso de reducción de las emisiones de los coches. Los eurodiputados exigieron que se imponga a la industria automovilística por ley un límite de 120 gramos de CO2 por kilómetro en 2012, en lugar de los 130 gramos.
SERVICIOS POSTALES
El Consejo de Competitividad discutirá por segunda vez la propuesta legislativa que presentó la Comisión en octubre de 2006 para la liberalización total de los servicios postales para el año 2009, que supondrá que los operadores históricos, como Correos en España, dejen de tener el monopolio sobre los envíos de menos de 50 gramos, el único sector que de momento no está abierto a la competencia.
La propuesta mantiene la obligación para los países de la UE de garantizar un servicio universal que incluya la entrega y recogida de correo al menos cinco días por semana para todos los ciudadanos de la UE. Para financiar este servicio universal, la norma fija un "menú" de opciones a los Estados miembros, entre los que se encuentran las ayudas públicas o los costes compartidos entre todos los proveedores.
Los Estados miembros estudiaron el documento por primera vez el pasado mes de diciembre, cuando la delegación francesa cuestionó la fecha de 2009 y destacó la importancia de mantener el servicio universal de calidad. Otras delegaciones, como Bélgica o Italia, pusieron el acento en las consecuencias sociales que tendrá la liberalización y pidieron que se tenga en cuenta los preparativos en los diferentes Estados miembros.
La reunión dejó clara la existencia de un grupo de países que, como Francia, Italia, Bélgica o Polonia, menos han liberalizado y donde los operadores postales históricos todavía emplean a muchos trabajadores. En el otro extremo se sitúan Estados miembros como Reino Unido, Países Bajos o Alemania, que no ha liberalizado pero sí ha reforzado a su operador histórico para que pueda competir en un mercado abierto.
Ante el Consejo de hoy, fuentes españolas señalaron que España no tiene "en principio" problemas y que las mayores reticencias son las de Francia, Luxemburgo y Bélgica. Estos tres países quieren que la liberalización sea compatible con una financiación que garantice un servicio eficaz y universal.
COSTES ADMINISTRATIVOS
Otro de los temas de debate tiene que ver con el plan comunitario para simplificar, a nivel comunitario y nacional, las cargas administrativas que tienen que afrontar las empresas. Las fuentes apuntaron que "(la canciller de Alemania y presidenta de turno del Consejo Europeo, Angela) Merkel considera que es un tema importante para aumentar la competitividad" empresarial. Por su parte, la Comisión Europea estima que este tipo de costes administrativos supone un 3,5% del PIB de la UE.
La propuesta que estudiarán hoy los Estados miembros contempla, por un lado un recorte del 25% de las cartas a nivel de la UE, un objetivo para el que "habrá que trabajar" pero que, en principio, no supone grandes problemas para ningún país.
No parece tan fácil, sin embargo, la decisión con respecto a la segunda parte de la propuesta, que cada Estado miembro, a nivel individual, las reduzca en un 25%. España se cuenta en el grupo mayoritario de países --del que no forman parte Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Dinamarca, Austria, Suecia y República Checa-- que estiman que hay que tener en cuenta las diferentes situaciones nacionales.
Países como España piden "flexibilidad" y argumentan que de momento no han hecho las evaluaciones de costes pertinentes para determinar los recortes que serán necesarios y que además tienen estructuras estatales más complicadas. En el caso español, antes de adoptar nada en Bruselas tendría que consensuarse con las comunidades autónomas.
