GINEBRA, 5 Jul. (Reuters/EP) -
Más de dos decenas de países han solicitado formalmente una investigación por parte de la ONU a los miles de asesinatos cometidos en el marco de la "guerra contra las drogas" emprendida por el presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, según han informado activistas.
Islandia ha presentado un proyecto de resolución en este sentido apoyadi principalmente por países europeos, según estas fuentes. El texto insta al Gobierno a evitar las ejecuciones extrajudiciales y supone la primera vez que se pide al Consejo de Derechos Humanos de la ONU que aborde esta crisis.
El Gobierno filipino ha reconocido más de 5.700 sospechosos muertos a manos de la Policía en operaciones antidroga, los cuales opusieron resistencia. Sin embargo, los activistas defienden que al menos 27.000 personas han muerto en los últimos tres años desde que Duterte inició su política. Una de las últimas víctimas ha sido una niña de 3 años, muerta el fin de semana pasado durante el arresto de su padre.
"Aquí estamos tres años después con 27.000 asesinados, de entre los más pobres, en una represión masiva. Esa es una estimación conservadora", ha defendido Ellecer "Budit" Carlos, del grupo iDefend, con sede en Manila, en declaraciones a Reuters.
"No es un contexto de conflicto armado, este es el peor caso de ejecuciones extrajudiciales a nivel mundial", ha subrayado, tras instar al Consejo a actuar. Está previsto que el organismo vote la resolución antes de que termine su sesión el 12 de julio. Filipinas es actualmente uno de sus 47 estados miembro.
Carlos ha reconocido que es poco probable que los países asiáticos voten a favor del texto. "Pasará por los pelos", ha señalado. Un embajador asiático, que ha pedido no ser identificado, ha defendido que "hay cosas peores que están pasando en el mundo".
"Para nosotros una de las prioridades de esta sesión es la situación en Filipinas", ha sostenido por su parte Laila Matar, de Human Rights Watch (HRW). "Los cuerpos siguen amontonándose en Manila y en otras zonas urbanas, de nuevo en un contexto de guerra contra las drogas que hemos visto que es más bien una guerra contra los pobres y las comunidades más empobrecidas y marginadas, que son las mayores víctimas", ha señalado.
Además, ha añadido, se produce en un contexto más amplio de "ataques contra defensores de los Derechos Humanos, activistas de los medios, periodistas y cualquiera que realmente se atreva a hablar en voz alta contra los asesinatos".
"Los relatos policiales de las redadas antidroga no son fiables, los oficiales que llevan a cabo la 'guerra contra las drogas' se ha demostrado que colocan las armas y las drogas para justificar los asesinatos", ha denunciado Matar ante el Consejo esta semana.
Por su parte, el ministro de Justicia filipino, Menardo Guevarra, ha defendido este viernes que el Gobierno no necesita que nadie le diga que detenga las ejecuciones extrajudiciales, ya que nunca ha sido política matar a sospechosos que no han ofrecido resistencia.
"Nuestro Gobierno está preparado para enfrentarse a cualquier investigación si esta es necesaria para abrirle los ojos a las mentes de aquellos que dependen o dan una credibilidad indebida a la información de segunda mano selectiva, si no parcial", ha subrayado.
