BRUSELAS, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
Los gobiernos de la Unión Europea sopesan pedir formalmente el retraso hasta el año 2021 del fin del cambio de hora bianual propuesto por el Ejecutivo comunitario para 2019, con el fin de disponer de más tiempo de adaptación, una cuestión que tratarán en la reunión informal de ministros de Transporte de la UE el próximo lunes en Graz (Austria).
Así, los Estados miembros han expresado "su interés en disponer de más tiempo" de preparación antes de implementar la normativa que eliminará el cambio horario, ya que creen que la propuesta de la Comisión Europea --que quiere que el nuevo sistema sea una realidad en 2019-- es "demasiado ambiciosa", según fuentes comunitarias.
Por ello la presidencia rotatoria de la UE, que actualmente recae en Austria, ha presentado una propuesta al resto de países del bloque comunitario en la que aboga por retrasar ese cambio un par de años, hasta 2021, si bien fuentes de la UE reconocen que la "mayoría de Estados miembros" todavía no ha fijado su posición al respecto y "nada se ha decidido aún".
Esta cuestión está, no obstante, en la agenda del Consejo informal de ministros de Transporte y Medio Ambiente del próximo 29 de octubre, en la que los 28 gobiernos de la UE estudiarán si piden oficialmente el retraso del cambio de hora en su posición común para las negociaciones que mantendrán en el futuro con el Parlamento Europeo y la propio Ejecutivo comunitario, que deberán alcanzar un acuerdo sobre las nuevas normas.
Por su parte, la Comisión reconoce que ha presentado una propuesta "con unos plazos muy ambiciosos" porque quiere "responder a las demandas de los ciudadanos que han expresado que no quieren volver a cambiar la hora dos veces al año", según ha explicado la portavoz de la institución, Mina Andreeva.
"Vamos a ver ahora como se desarrollan las negociaciones pero nuestra posición esta sobre la mesa, y vamos a defenderla", ha dicho Andreeva en rueda de prensa.
Bruselas propuso el pasado septiembre la eliminación del cambio de hora bianual en toda la UE, alegando que es lo que reclamaron más del 80% de los 4,6 millones de ciudadanos europeos que participaron en una consulta pública sobre esta cuestión impulsada por el propio Ejecutivo comunitario.
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