MADRID, 29 Ene. (EDIZIONES) -
La violencia contra los trabajadores humanitarios en Sudán del Sur ha socavado las ayudas durante los últimos años, según ha denunciado la Red de Práctica Humanitaria del Instituto de Desarrollo Ultramarino (ODI, por sus siglas en inglés), que ha alertado de que los proyectos humanitarios han descendido un 36 por ciento en el país.
La organización ha señalado que tan sólo unas pocas organizaciones continúan desarrollando programas en las áreas más afectadas del país, donde la mayoría de la comunidad humanitaria se encuentra "confinada" en los campos de protección de civiles, que reúnen el 10 por ciento de los desplazados a nivel interno.
Desde su independencia de Sudán en 2011, las organizaciones humanitarias han registrado más de 140 ataques, los cuales se han saldado con 74 muertos y un total de 192 afectados. Según el informe del ODI, el 78 por ciento de los trabajadores son sursudaneses.
En 2015, Sudán del Sur se convirtió en el país con mayor número de ataques contra trabajadores humanitarios del mundo. La presencia de las agencias en zonas gravemente afectadas, como la región de Gran Alto Nilo, descendió un 12 por ciento entre 2014 y 2015.
La rivalidad entre el presidente del país, Salva Kiir, de etnia dinka, y el líder rebelde Riek Machar, de etnia nuer, desencadenó el conflicto en diciembre de 2013, cuando el presidente del país decidió cesar a Machar como su número dos.
Desde entonces, los trabajadores humanitarios han sido objetivo de los ataques de las milicias y las fuerzas gubernamentales, lo que ha perjudicado significativamente a las víctimas de la violencia y a sus familiares.
CLIMA DE VIOLENCIA
A pesar de que el conflicto entre los dos bandos terminó con un acuerdo de paz firmado en agosto de 2015, el cual implicaba el regreso de Machar como vicepresidente del país, los enfrentamientos se reanudaron en julio de 2016.
Únicamente algunas organizaciones que cuentan con sistemas de financiación independiente cubren zonas de difícil acceso, según el documento del ODI, que ha indicado que a pesar de que el número de trabajadores ha aumentado, estos se han visto obligados a concentrarse en Yuba, la capital del país.
Antes de que estallara el conflicto a finales de 2013, la falta de voluntad política y la inseguridad en el país dispusieron las bases para el desarrollo de la posterior crisis humanitaria. La violencia contra las organizaciones humanitarias ha aumentado desde 2012, especialmente en el estado de Equatoria Central.
La organización ha registrado varios casos de abusos sexuales y ha denunciado que la mayoría de los ataques se producen durante emboscadas y asaltos, generalmente cuando los convoyes de ayuda humanitaria se trasladan de un lugar a otro.