San Bartolomé de Tirajana, 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
La alcaldesa de San Bartolomé de Tirajana, María del Pino Torres, reconoció ayer que desconoce la determinación estatal de construir la segunda cárcel de Gran Canaria en su municipio. "Nadie nos ha informado de la adjudicación de ese proyecto y hasta el momento sólo se había hablado de lugares posibles", ha asegurado la regidora tras enterarse de que la sociedad estatal de Infraestructuras e Instituciones Penitenciarias ha encargado a una empresa gallega la redacción de los planos para edificar el nuevo penal de la Isla en Juan Grande.
Por ese motivo criticó la actuación de los organismos estatales con responsabilidad en este asunto, y concretamente señaló a la Delegación del Gobierno en Canarias. "La construcción de la prisión en San Bartolomé es una imposición legal", dijo la regidora, que es contraria a que la localidad acoja más infraestructuras que perjudiquen la actividad turística del Sur. "La cárcel no es buena para nuestra imagen y ya hemos sido suficientemente solidarios con otras instalaciones también negativas", sostiene Torres.
La alcaldesa se quejó de que nadie se haya interesado por las carencias y necesidades que arrastra el lugar elegido para levantar el centro penitenciario, y también lamentó la ausencia de una comunicación directa con los ciudadanos para informarles de los posibles beneficios que puede traer una construcción de este tipo. "Ni si quiera sabemos si se van a organizar cursos de formación para preparar a nuestra gente", subrayó.
La máxima responsable municipal añadió "que hay que tener en cuenta la opinión de los vecinos", cuyo sentir general parece estar más cerca del rechazo que de la aprobación del proyecto. De hecho, algunos colectivos han estado en varias ocasiones apunto de convocar una concentración para protestar por la ubicación de la prisión en Juan Grande. "La decisión se ha tomado por imperativo legal sin contar con los afectados", apunta Torres, aunque reconoce la necesidad social que arrastra Gran Canaria en esta materia.
Sin embargo, la masificación de presos que tiene Salto del Negro no es argumento suficiente para doblegar la opinión de la primera teniente de alcalde, que recuerda que existe un acuerdo plenario en el que toda la Corporación se opone al penal. "Siempre acabamos siendo los más solidarios y tener una cárcel a las puertas del municipio afecta a nuestra imagen turística", concluye María del Pino Torres, quien realiza un llamamiento a las demás autoridades insulares y locales "para no recargar San Bartolomé de infraestructuras que tienen "un impacto negativo".
