Ascav advierte de la "injusticia" del proyecto de ley de vivienda vacacional: "No es cómo se regula, sino para quién"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Representantes de la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional han mostrado este miércoles en el Parlamento canario su preocupación respecto al proyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, una normativa "muy injusta" para las familias canarias que representan. En definitiva, para el pequeño propietario: "No es una cuestión de cómo se regula sino para quien", ha dicho Doris Borrego.

En una comisión parlamentaria de Turismo, los representantes de ASCAV, Doris Borrego y Javier Valetín Peñate, han disgregado ante los diferentes grupos políticos las que son sus justificaciones ante un proyecto de ley que parece "muy injusto" y que, además, ha generado "un efecto llamada buscado". "De las 70.000 viviendas vacacionales dadas de alta, se están dedicando a la actividad 48.000 viviendas vacacionales y, obviamente, con 48.000 viviendas vacacionales no se justifica la ley, pero con 70.000 sí", ha advertido Peñate en la Cámara regional.

"La finalidad no declarada de la norma es la de erradicar la vivienda vacacional respecto solo a una parte, a los pequeños propietarios de viviendas vacacionales", han denunciado los portavoces de Ascav, que han pedido no "prohibir ni demonizar a la vivienda vacacional", ya que no se trata "de cómo regular sino para quién se va a regular", es decir: "si realmente van a apoyar y salvar a las familias canarias que se dedican a esta actividad o realmente lo que se está haciendo es sacarlas del mercado para favorecer a los grandes tenedores", ha deslizado Borrego.

Peñate, además, ha aprovechado la ocasión para desmentir datos relativos a la exposición de motivos del proyecto de ley, que resulta "errónea" en su base, al considerar que "las 60.000 viviendas vacacionales en Canarias se han extraído del mercado residencial". "Es un dato totalmente erróneo, y no lo digo yo. El informe del Colegio de Economistas de Las Palmas dice que el 67% de las viviendas vacacionales en Canaras no son viviendas como tales, sino apartamentos turísticos y bungalows, con lo que solo el 30% de las restantes son viviendas residenciales".

En el marco del proyecto de ley, Peñate ha criticado también que se clasifique la vivienda vacacional como una actividad económica, cuando "ni siquiera la comunidad autónoma tiene competencia para determinar lo que es una actividad económica y lo que no". Además, entre las "muchas transcendencias" que daría de sí este apartado se incluiría "un mazazo" inevitable a los pequeños propietarios de viviendas vacacionales.

"Todos conoceremos a alguien que tiene una vivienda vacacional, que es un trabajador por cuenta ajena o incluso un pensionista...y considerar a la vivienda vacacional como una actividad económica implicaría que se va a tener que darle alta de autónomo", ha argumentado.

PROPIETARIOS DE APARTAMENTOS Y BUNGALOWS

El proyecto de ley, ha continuado Peñate, también condenaría "de manera definitiva" a los propietarios de apartamentos y bungalows en zonas turísticas, casi el 60% de las viviendas vacacionales que hay en Canarias. "Nosotros propusimos que hubiera una reformulación del principio de unidad de explotación, y se nos dijo que esto ya se iba a cometer en la futura modificación de la ley de ordenación del turismo de Canarias".

"A mí me sorprende que sí se utilice el proyecto de ley para modificar esa Ley de Ordenación del Turismo de Canarias en cuanto a las sanciones, para incrementarlas, pero no se puede utilizar el proyecto de ley para dar una solución real a un problema real de miles de familias canarias", ha continuado el portavoz en relación a la situación de pequeños propietarios en complejos turísticos sin una empresa explotadora.

Ha afeado, además, que "otro gran problema" que aporta el proyecto de ley es la exigencia de declaración de actividad de la vivienda vacacional como actividad clasificada, "el aniquilador de la vivienda vacacional en Canarias". Esta cuestión se entremezcla con la "injusticia" que supondría para las antiguas que las "nuevas viviendas vacacionales que se dan de alta tras este proyecto de ley, que también van a presentar una declaración responsable, no se les exija la actividad clasificada", con la repercusión que ello traería, en especial a las islas verdes.

Entre otras cuestiones, Peñate ha lamentado que este proyecto de ley incluya la prohibición de la transmisión de las declaraciones responsables 'intervivos'. Entienden, asimismo, que con ello se intente evitar la especulación con viviendas pero lamentan que, para una familia canaria que dependa del alquiler vacacional, se pierda la posibilidad de continuar con el ejercicio ante el fallecimiento del titular.

GRUPOS POLÍTICOS

Desde los grupos parlamentarios, Nueva Canarias-Bloque Canarista, ha defendido reconocer "la diferencia entre grandes y pequeños tenedores", que "no se criminalice a quienes cumplen la normativa" y que proteja lo que verdaderamente "genera tensión": la falta de vivienda pública y el "peso excesivo" de los grandes intereses turísticos. En complemento, ASG se ha sumado a la necesidad de legislar, pero desde el "consenso".

La formación Vox ha compartido, por su parte, su "preocupación" ante la "proliferación" de viviendas de usos turísticos, actividad que debe regularse, pero sin trasladar "una excesiva carga a los pequeños propietarios". En ese sentido, ha criticado la falta de medidas de un proyecto de ley que, además, se olvida de otro de los problemas existentes, a juicio de la formación: la inmigración ilegal y la ocupación.

Desde PP se ha defendido que, en un destino turístico como Canarias, "no se pueda ni deba renunciar a la modalidad alojativa extrahotelera de uso turístico de la vivienda", siempre y cuando esta sea "ordenada y regulada" en el sentido urbanístico, medioambiental, social y económico, si bien se ha dejado claro que "no se puede responsabilizar exclusivamente la vivienda vacacional como causa única de la emergencia habitacional".

CC ha reconocido, por su parte, el "valor" del alquiler vacacional como actividad económica generadora de empleo, que no solo es complementaria sino que también "ayuda al desarrollo local". Sin embargo, han apostado por el diálogo y la "regulación equilibrada" para apostar por la "sostenibilidad" de un modelo turístico: "Ordenar no es excluir, es garantizar la convivencia y prosperidad colectiva", han indicido.

El Grupo Socialista ha llamado al "consenso" ya que, a su juicio, "cualquier norma en el ámbito turístico, con la importancia que este tiene para Canarias, sin consenso, no será duradera". Ha advertido de aprovechar, asimismo, la oportunidad y el espacio de diálogo existente para tratar de solventar la preocupación que el proyecto de ley genera, y que tiene que favorecer, esencialmente, "a los pequeños propietarios".