Aumentan las actitudes políticas xenófobas en España, según el informe sobre Racismo 2007

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El informe anual sobre el racismo en España reveló que en 2007 se acentuaron los actos y actitudes xenofóbicas, "demostrando por un lado el nulo interés por parte del Estado en cambiar la ley y facilitar la integración", además de constatarse un incremento en los actos que atentan contra derechos humanos fundamentales como la retención en centros de inmigrantes 'sin papeles'.

Así lo indicó el miembro de la asociación SOS Racismo y director de la revista 'Mugak', Peio Aierbe, en una rueda de prensa celebrada hoy en la facultad de Geografía e Historia de la Universidad de La Laguna (ULL) en la que se presentó el informe elaborado por la Federación de Asociaciones de SOS Racismo del Estado Español y el que también participó el Observatorio de Inmigración de Tenerife (Obiten).

El documento argumenta que en 2007, "la obsesión de los políticos de la UE por el control de las fronteras contribuyó a provocar la muerte documentada de 1.861 personas" y sostiene que "fueron muchos más los fallecidos de los que nadas se supo".

Considera que "la política migratoria de la Unión se ha caracterizados por sus esfuerzos en impedir salida a las personas de origen subsaharianos del continente africano, delegando este control fronterizo a estados donde el reconocimientos de los Derechos Humanos resulta por los menos dudoso (como Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania o Senegal)".

El informe subraya que durante el 2007 se ha asistido a una "constante vulneración e incumplimiento" de la legislación marítima de auxilio y rescate de personas en riesgo de naufragio lo que demuestra, según SOS Racismo, que existen "náufragos de primera y segunda categoría" dentro de la Unión Europea.

La federación de asociaciones critica en el texto que la propuesta del Parlamento Europea sobre la Directiva sobre la Detención y Expulsión de Personas Extranjeras sólo abordó "cuestiones sobre el encuentro, la retención y la expulsión de las personas indocumentadas".

En este sentido, el documento también expone que para la contratación de trabajadores extranjeros la Comisión Europea planteó la ceración de una 'tarjeta azul' que a juicio de la federación de SOS Racismo muestra una división del trabajo añadida a las que ya existen entre trabajadores nacionales y extranjeros; comunitarios y no comunitarios. Peio Aierbe insistió en que la inmigración es de caracter "utilitarista".

ENDURECIMIENTO EN LAS FRONTERAS ESPAÑOLAS.

El documento valora que el estado español ha endurecido sus políticas de control de las fronteras y de repatriación de personas en situación de irregularidad. Así el texto, reprocha al socialista Alfredo Rubalcaba que valoró que en España se ha reducido en un 50% la llegada a las costas de clandestinos, "fruto de ello fueron las 876 muertes documentadas de personas inmigrantes cuando trataban de alcanzar las costas".

Desde SOS Racismos consideran además "extremadamente grave que el estado español para no tener que proteger embarcaciones con heridos, mujeres y niños a bordo, mantenga acuerdos sobre inmigración con estados donde no se respetan los Derechos Humanos".

El informe rechaza la voluntad de varios partidos políticos de "aumentar la retención en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE)". Sobre este asunto Peio Airbe criticó la falta de trasparencia y acceso a estos centros lo que significa, a su juicio, que "algo no está funcionando bien".

En cuanto a la política de extranjería del Gobierno de España se fletaron 75 aviones de vuelta a África con un incremento del 6% respecto a 2007. El documento también objeta sobre la elaboración de normas de seguridad para las repatriaciones, porque lo que se pretende no es apoyar o dar trasparencia en los traslados respetando los derechos humanos y un trato adecuado a las personas, sino "una forma de garantizar la actuación de la policía".

Condena el uso de cadenas y bolsas para cubrir los rostros durante los traslados, porque "estas personas no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa", indicó Aierbe.