SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
A raíz del segundo auto de paralización cautelar de las obras del puerto de Granadilla por parte del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Dirección General de Política Regional, encargada dentro de la Comisión Europea de decidir sobre la financiación de este proyecto, ha optado por paralizar cautelarmente el expediente de Granadilla, en tanto en cuanto no se resuelva este conflicto en las instancias judiciales españolas.
Así lo ha señalado hoy en un comunicado la Federación Ben Magec-Ecologistas en Acción --responsable de la denuncia contra la orden de descatalogación de los sebadales en Granadilla emitida por el Gobierno de Canarias el 2 de febrero de este año y que el TSJC ha admitido a trámite aceptando además la suspensión cautelar de dicha orden y frenando las obras del puerto industrial--.
"Desde los servicios técnicos de esta Dirección General, cuya Comisaria, Danuta Hübner, conoce perfectamente el rechazo social que tiene este proyecto, se ha informado a Ecologistas en Acción que no se puede financiar un puerto que no cuenta con un respaldo unánime ni con el consenso necesario, como así lo evidencia la paralización cautelar que ha realizado la justicia española", exponen los ecologistas.
Ben Magec-Ecologistas en Acción ha hecho un nuevo llamamiento a la cordura de las administraciones estatales y autonómicas, "dado que están dando una imagen pésima en Europa", al intentar conseguir fondos "a costa de los que sea", incluso en proyecto que tienen una clara inviabilidad técnica, "teniendo en cuenta el gravísimo precedente de Arinaga".
Asimismo han exigidos la inmediata retirada del proyecto, criticando al Ejecutivo canario y nacional por "apostar por infraestructuras de transportes innecesarias -tanto desde el punto de vista social como del económico- y devastadoras del medio ambiente".
"Esta política destructora no está conduciendo a otra cosa sino a perder de forma permanente fondos que se deberían invertir en necesidades reales para esta Islas, y no en "caprichos de cuatro políticos y empresarios", concluyeron los ecologistas.