LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -
Blantyre Capital Limited, que gestiona el fondo Meru I S.A.R.L (Meru), ha defendido este lunes que el plan de reestructuración que ha presentado para la sociedad Inversiones y Parcelaciones Urbanas S.A. (Inparsa), con la que Beatriz Hoteles gestiona los hoteles Beatriz Costa y Spa y Beatriz Plaza & Spa de Lanzarote, y cuyo accionista mayoritario antes de la reestructuración era el fondo de inversión Guidebridge, es la "única alternativa" para garantizar la viabilidad de dichos hoteles.
En un comunicado, Blantyre Capital subraya que existe una sentencia firme, dictada por el Juzgado de lo Mercantil Nº 3 de Las Palmas de Gran Canaria el 18 de septiembre de 2025, que ha homologado el plan de reestructuración promovido por Meru y que "da viabilidad a Inparsa mediante una capitalización de deuda y una extensión de vencimientos".
Además resalta que este caso "es un ejemplo claro" de los beneficios que la nueva ley concursal tiene para compañías "sobre endeudadas y con problemas de liquidez, asegurando su viabilidad y evitando el secuestro" por parte de accionistas que "tienen un claro conflicto de interés".
La sentencia, matiza, "analiza y confirma el correcto" vencimiento de la práctica totalidad de la deuda financiera (impagada a los acreedores financieros desde hace casi dos años por la compañía), al tiempo que "constata la situación de insolvencia" de Inparsa.
Además indican que "valida" la valoración emitida por el experto independiente en la reestructuración (Lexaudit) para la capitalización parcial de los créditos, que "no fue discutida" por los socios de la compañía en el procedimiento contradictorio, a pesar de que, afirman, "se les diese la oportunidad de hacerlo".
Desde Blantyre Capital defienden que el plan de reestructuración de Meru "es la única alternativa" para lograr garantizar la viabilidad de la compañía y la continuidad del empleo en los hoteles, "al reducir la deuda a niveles sostenibles y extender el plazo para su amortización".
VOLUMEN DE DEUDA ELEVADO
Por otro lado, explican que Inparsa ha atravesado "múltiples reestructuraciones" en los últimos años (2012, 2015, 2020) y "arrastraba un volumen de deuda financiera históricamente elevado, desalineado" con su capacidad de generación de caja.
En este marco, en el año 2023, el fondo de inversión Guidebridge, a través de su vehículo GUIDEBRIDGE OPPORTUNITIES I, FCR enfocado "en oportunidades a un descuento relevante sobre su valoración[1]" adquirió una mayoría del capital social de la compañía que le daba control.
Al respecto, explican que entonces en el folleto informativo del vehículo de inversión se señalaba que las inversiones del vehículo tenían riesgo 6/7 y que se prestaría "especial atención a potenciales múltiples estrategias de salida que aseguren liquidez a las inversiones".
A partir de ese momento la compañía "dejó de ser una empresa familiar y pasó a estar controlada" por un consejo de administración nombrado por el fondo de inversión accionista que tiene como fin "maximizar el retorno de sus inversores", produciéndose un "cambio de control promovido voluntariamente" por sus accionistas, si bien "no fue consentido por la mayoría" de sus acreedores.
De esta forma, el cambio de control "activó automáticamente la obligación contractual" de amortización inmediata de la financiación. Sin embargo, Guidebridge optó, aseguran, por "no refinanciar la deuda de Inparsa y con ello incumplir su obligación de pago", lo que llevó a que alrededor del 90% de los acreedores financieros de Inparsa acordara el vencimiento de gran parte de la deuda financiera en noviembre de 2023.
Es entonces cuando Meru, como entidad acreedora con una posición mayoritaria sobre la deuda financiera de Inparsa, promueve un plan de reestructuración al que se adhirieron otros acreedores para "preservar el valor de la compañía frente a extremos más destructivos "de valor y de empleo, tales como la ejecución hipotecaria o el concurso de acreedores, entre otros.
INICIO DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN
Comienza entonces el procedimiento de reestructuración "ante la ausencia, por aproximadamente tres meses, de una propuesta de repago o solución" por parte de Inparsa y sus accionistas.
El plan de reestructuración promovido por Meru preveía la capitalización parcial de deuda y una inyección de capital de hasta 10 millones de euros y contó con el apoyo de aproximadamente el 90% de los tenedores de la deuda financiera de Inparsa.
Señalan que desde el inicio del procedimiento y durante la tramitación del plan de reestructuración, los socios de la compañía "discreparon sobre la interpretación" del vencimiento derivado del cambio de control. Además, los socios y administradores de la compañía adoptaron una "postura obstruccionista evitando colaborar" con el experto en la reestructuración nombrado en el desempeño de sus funciones.
En este sentido, apuntan a que en una primera resolución, el Juzgado de lo Mercantil Nº 2 de Las Palmas no homologó el plan de reestructuración propuesto sin contradicción previa (como permite la ley), ya que el juez consideraba necesario tramitarlo con contradicción previa para permitir a los socios oponerse al plan con todos los medios posibles, habida cuenta de las posiciones contradictorias de las partes.
Posteriormente, el juzgado ratificó hasta en dos resoluciones que el primer auto denegatorio del plan sin contradicción previa era una invitación para que Meru tramitase el plan de reestructuración por la vía de la contradicción previa (que es la otra alternativa que permite la ley). Por ello, Meru presentó una nueva solicitud de homologación con contradicción previa.
Esto, indican, provocó que socios e Inparsa se opusieron al plan de reestructuración mediante sus respectivos escritos de impugnación, que presentaron un plan alternativo conocido por el mismo juzgado, que subrayan "fue tramitado por el juez y quedó en suspenso hasta la resolución sobre el plan de Meru".
INPARSA NUNCA PLANTEÓ UN REPAGO DE LA DEUDA
Además durante el proceso de homologación, señalan que Inparsa "nunca" planteó un repago total de la deuda financiera a sus acreedores, limitándose "únicamente" a ofrecer un pago parcial de la deuda garantizada con las hipotecas sobre sus hoteles y con unos "cálculos que no" tenían en consideración el vencimiento acaecido.
En este sentido, apuntan que junto a la "ficción creada, la mala fe de los socios queda patente" por "no facilitar" la información al experto en la reestructuración y en el "retraso" en la presentación de sus cuentas anuales a una fecha posterior a la aprobación del plan.
Así, tras la tramitación del procedimiento, el juzgado dictó sentencia firme en septiembre de 2025, homologando el plan promovido por Meru. La resolución analiza y confirma la corrección del vencimiento de la deuda derivado del cambio de control y constata la situación de insolvencia de Inparsa, así como valida la valoración emitida por el experto independiente en la reestructuración (Lexaudit) para la capitalización parcial de los créditos.
Finalmente indican que tras dar la oportunidad de oponerse a las partes, la sentencia "es firme y, por tanto, ya no" es susceptible de recurso.