SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -
Los cabildos insulares pretenden cobrar al resto de las administraciones públicas autonómicas y estatales por el uso de suelo agrario para el desarrollo de infraestructuras y servicios generales. El Parlamento recibió una proposición de ley del Cabildo de Tenerife, que prevé la creación de un canon, cuyo valor se fijará entre el 3 y el 10 por ciento del presupuesto total de las obras a ejecutar. Este dinero se destinará a un nuevo fondo denominado de Compensación Territorial de los Espacios Agrarios. El objetivo de esta medida es preservar los espacios agrarios de la presión urbanística del ladrillo, el cemento y el asfalto.
La Mesa de la Cámara calificó, el pasado 17 de diciembre, una proposición de ley, que pretende la protección del suelo rústico de valor agrario de las islas, y que conlleva la modificación de dos normas legislativas en vigor. Se trata del Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y de los Espacios Naturales de Canarias y de Directrices de Ordenación General de Canarias.
Esta propuesta fue remitida por el Cabildo de Tenerife, cuyo pleno aprobó, a comienzos de diciembre, la iniciativa con los votos favorables de los 14 consejeros de CC, los 4 del PP y la abstención de los 10 representantes socialistas.
El Cabildo, presidido por Ricardo Melchior, defiende esta iniciativa ante la necesidad de minimizar la "fuerte presión" a la que está sometido el suelo agrícola, impulsado "mayoritariamente" por el crecimiento demográfico. Un hecho que hace necesaria la reclasificación de suelo en los planes generales de ordenación urbana de los municipios.
El problema, agrega la proposición de ley, es que esta reclasificación se hace de forma "desordenada", destinando nuevos suelos al uso residencial y de infraestructuras, "sin haberse colmatado" los existentes y ocupando otros de "alta capacidad" de producción agraria.
Se trata de un modelo de desarrollo urbanístico "depredador" del suelo agrario, probablemente, porque al ser una actividad económica en regresión se tiende "a minusvalorar su importancia".
Esta iniciativa advierte que, aún se conservan los sistemas agrarios más interesantes de las islas, "fuente de biodiversidad y tradiciones". Sin embargo, se previene contra el paso del tiempo, que puede ser "crítico a muy corto plazo".
De ahí que, cuando el establecimiento de infraestructuras y servicios generales para la comunidad, ocupen inevitablemente los suelos rústicos agrarios, siendo las administraciones públicas las promotoras de este tipo de proyectos, la propuesta del Cabildo de Tenerife tiene un "indudable carácter ejemplificador" para los restantes agentes económicos, que actúan sobre el territorio.
SENCILLEZ
La proposición de ley es muy sencilla en su estructura ya que sólo contiene dos artículos. Con el primero se modifica el texto refundido de las leyes de ordenación territoriales. Se introduce un punto nuevo al artículo 63 que dice que, cuando los proyectos de infraestructuras afecten a este tipo de suelo, la Administración promotora abonará un canon.
La fijación corresponderá al cada uno de los cabildos, entre el 3 y el 10 por ciento del valor del presupuesto total de las obras a ejecutar, distribuido en relación a la superficie afectada. Este canon se podrá satisfacer con la cesión de suelo rústico de capacidad productiva agrícola, cuando la Administración insular así lo determine.
Se incluye además un nuevo artículo, el 78.bis, con el que se crea el Fondo Insular de Compensación Territorial de los Espacios Agrarios. Servirá para pagar la gestión de los espacios agrarios protegidos, promover actividades de desarrollo rural sostenible y adquirir inmuebles y suelo rústico.
El fondo se nutrirá del nuevo canon, de los presupuestos insulares, de las aportaciones de otras administraciones con competencias de ordenación territorial, de las transferencias estatales y europeas y de las aportaciones gratuitas.
Con el segundo artículo de la proposición de ley se cambian las Directrices de Ordenación General. En primer lugar se añade un párrafo nuevo, en el punto 1 de la directriz 62, con la que se obliga a buscar alternativas para ubicar las infraestructuras que no afecten a suelos con un valor reconocido, estén o no en cultivo. Para ello, las evaluaciones ambientales de los instrumentos de ordenación tendrán en cuenta la afección a suelos agrícolas.
También se cambia el punto 1 de la directriz 84 en el que se dice que, antes de implantar nuevas infraestructuras, se deberá analizar el uso "más eficiente" de las existentes. Esta alternativa deberá incorporarse al estudio de evaluación ambiental de los nuevos proyectos.
Esta exigencia se asemeja a la proposición de ley del grupo parlamentarios del PSC, llamada "alternativa cero". Su promotor, el diputado y consejero insular del Cabildo tinerfeño, Santiago Pérez, busca reforzar las garantías medio ambientales al exigir, a los proyectos de infraestructuras y planes urbanísticos, una justificación de la necesidad del mismo.
Una vez que la Mesa del Parlamento admitió la proposición de ley del Cabildo de Tenerife, se remite al Gobierno para que manifieste su criterio sobre si debe ser tomada en consideración y su conformidad a la tramitación, considerando si implica un aumento o disminución de los ingresos presupuestarios.
Sin pasan 30 días sin el Ejecutivo niegue expresamente su conformidad a la tramitación, la proposición de ley estará en condiciones de ser incluida en el orden del día del pleno para su toma en consideración.
Ese día, hasta un máximo de dos consejeros insulares presentarán la iniciativa al pleno y después intervendrán los grupos parlamentarios.
