Publicado 10/02/2022 19:04

Canarias se persona en los recursos de inconstitucionalidad de VOX contra el 'decreto Covid' y la ley 'trans'

Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias
Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha decidido este jueves que el Ejecutivo autonómico se persone en los recursos de inconstitucionalidad presentados por más de 50 diputados de VOX en el Congreso contra el decreto COVID aprobado por Canarias en noviembre de 2021 y, además, contra diversos preceptos de la Ley de Igualdad Social y No Discriminación por Razón de Identidad de Género, Expresión de Género y Características Sexuales (Ley 2/2021), respaldada por el Parlamento isleño por unanimidad el pasado 26 de mayo y publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) el 7 de junio.

El Gobierno de Canarias no sólo se reafirma en los contenidos del decreto que fija el régimen jurídico de alerta sanitaria y las medidas de control y gestión en las islas, sino que considera que el recurso de VOX sólo pretende "obstaculizar" la lucha contra la pandemia y, así, perjudicar a la economía y la sociedad isleña, ya que sin control sanitario no puede haber recuperación socioeconómica, detalla el Ejecutivo en una nota.

Asimismo, la personación en el recurso contra la Ley de Igualdad Social, "una de las más avanzadas, pioneras y consensuadas" con los colectivos LGTBI+ del país, resalta, "se debe a que la única intención de VOX pasa por frenar los avances en derechos e igualdad logrados en el país y en la comunidad, aparte de que se trata de una norma aprobada a instancia de esos grupos y que salió por unanimidad del Parlamento de Canarias, la mejor prueba de su legitimidad, con los votos del PSOE, CC-PNC, PP, NC, Sí Podemos Canarias, ASG y Cs".

Entre otros avances, esta norma establece que, para acreditar la identidad de género, basta con que la persona interesada manifieste expresamente su identificación como mujer, hombre o persona no binaria sin necesidad de informes psicológicos o médicos.

También se fijan sanciones de hasta 45.000 euros en casos muy graves de agresión o acoso.

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