TENERIFE, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Parlamento de Canarias ha publicado una resolución en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) por la que se ordena la publicación de la resolución del Pleno del Parlamento, de 28 y 29 de marzo de 2007, sobre Informe de fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad Autónoma de Canarias, ejercicio de 2005, informe en el que se pone de manifiesto que las empresas públicas autonómicas tienen un presupuesto definitivo "desequilibrado".
El Parlamento de Canarias muestra "su preocupación ante el hecho de que, a excepción del Instituto Canario de Estadística y el Instituto Canario de Vivienda, la totalidad de los organismos autónomos y Entes de derecho público presenten un presupuesto definitivo desequilibrado, en los que el presupuesto definitivo de gastos supera el presupuesto definitivo de ingresos, como consecuencia de ampliaciones de crédito sin cobertura, destinados a incrementar, en la mayoría de los casos, créditos del capítulo 1 de gastos.
El Parlamento de Canarias "considera injustificable el elevado volumen contabilizado como acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, 50,4 millones de euros, por los organismos autónomos y entes de derecho público. Conviene señalar que, de la cantidad, anteriormente citada, 48,7 millones de euros tienen que ver con el Servicio Canario de la Salud, cifra que es, aproximadamente, tres veces la registrada por este organismo autónomo a 31 de diciembre de 2004 en acreedores por operaciones pendientes de aplicar al presupuesto."
El Parlamento "encarece al Gobierno a limitar los procedimientos de urgencia a aquellos casos en que esa urgencia esté plenamente justificada y, asimismo, a que establezca los controles suficientes que impidan el fraccionamiento de contratos".
Pide al Ejecutivo "hacer cumplir inmediatamente a las empresas, entidades, fundaciones y otros organismos de la Comunidad Autónoma de Canarias la obligación de que los órganos competentes elaboren y aprueben los correspondientes programas anuales de actuaciones, inversiones y financiación (PAIF) y la obligación de entregar, en el tiempo y forma adecuados, la documentación requerida por la Audiencia de Cuentas".
El Parlamento de Canarias "considera injustificable que, al igual que en el ejercicio presupuestario anterior, no conste que la Intervención General haya efectuado algún tipo de control en las fundaciones de competencia o titularidad pública de la Comunidad Autónoma".
