El Estatuto y el control de la población, principales obstáculos del pacto CC-PP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias y el control de la población siguen siendo los principales obstáculos para la presumible firma del pacto de Gobierno de Canarias entre Coalición Canaria (CC) y Partido Popular (PP), si bien ambas partes avanzaron hoy en su segunda mesa negociadora en llegar a acuerdos sobre modernizar la administración regional, atajar la inmigración irregular, potenciar la TV Canaria, mejorar la justicia y potenciar la política exterior del Archipiélago, según pusieron de manifiesto en conferencia informativa los portavoces negociadores nacionalista y conservador, José Miguel Barragán y Larry Álvarez, respectivamente.

Como si de un discurso perfectamente compenetrado se tratara, Barragán y Álvarez comparecieron en momentos distintos ante los medios de comunicación, pero dijeron prácticamente lo mismo con puntos y comas incluidos, hasta el punto que se repitieron los mensajes de admitir que la reforma estatutaria y el control poblacional, principales exigencias de CC, van a tener que ser objeto de reuniones monográficas durante la próxima semana.

De momento, hoy acordaron celebrar mañana una tercera reunión en la capital tinerfeña para seguir limando asperezas en torno a esas materias, así como para perfilar y cerrar los acuerdos obtenidos entre ambas partes en las dos primeras sesiones negociadoras.

En materia inmigratoria, ambas fuerzas políticas creen que es irrenunciable que la Administración autonómica tenga acceso directo al Padrón Municipal de Habitantes, en poder hoy sólo de ayuntamientos y del Estado, con el fin de impedir "la ilegalidad" de que los inmigrantes irregulares se hagan acreedores fácilmente de los servicios públicos isleños como la sanidad y la educación.

CC y PP destacan la "riqueza" que supone para Canarias aumentar la inmigración regular, pero entienden que otro asunto es la irregular, y por eso quieren que Canarias tenga acceso también a establecer los cupos de inmigrantes legales a contratar en las Islas, mecanismo que actualmente gestiona el Estado en colaboración con los 27.

Desean incluso establecer cupos africanos y modificar la Ley de Extranjería para que se aumente de 40 a 70 el plazo de retención de los inmigrantes ilegales con el fin que el Estado tenga más fácil incrementar las repatriaciones hacia sus países de origen.

Ambas partes quieren también cambiar dicha legislación para obligar al Estado a propiciar los envíos de menores irregulares hacia las restantes 16 autonomías españolas, y apuestan al mismo tiempo porque Madrid aumente el número de centros de retención, comisarías y juzgados dedicados exclusivamente en las Islas al problema de la inmigración irregular.

CC y PP exigen también al Estado que incremente los medios policiales para controlar los visados de turista e impedir que finalmente sean nuevos residentes isleños, y demandan además la implantación del SIVE en las siete islas del Archipiélago canario.

Adelantaron que un futurible pacto de Gobierno CC-PP triplicaría los actuales 10 millones de euros hasta alcanzar la cifra de 30 millones de euros en el 2011 para ayudas y cooperación al desarrollo socioeconómico del continente vecino, objetivo éste en el que se tendría especial atención con Mauritania para reducir la salida de cayucos desde sus costas hacia las aguas isleñas.

Nacionalistas y populares coinciden en la necesidad de simplificar la "excesiva" burocracia de la Administración autonómica, llegando a derogar incluso normativas que "no tienen ninguna finalidad", además de comprometerse a modernizar la red administrativa isleña con las nuevas tecnologías.

Acordaron también aprobar un denominado 'Código de Buen Gobierno' aplicable no sólo a los altos cargos, sino también a los propios funcionarios, e igualmente remarcaron que es previsible reformar la Ley de Cabildos para garantizar su actual nivel de competencias, al mismo tiempo que para propiciar la futura descentralización de las mismas hacia los ayuntamientos.

En cuanto a la TV Canaria, se comprometieron a reforzar los mecanismos para que sea un auténtico servicio público y a potenciar los proyectos audiovisuales isleños.

CC y PP entienden que hay que apoyar un nuevo plan de formación para que canarios de todas las islas puedan acceder a la administración de la justicia y creen que es conveniente además informatizar todos los juzgados y tribunales isleños, además de acometer un plan de rehabilitación de las sedes judiciales del Archipiélago.

Nacionalistas y populares acordaron simplificar los trámites administrativos de la función pública isleña con el fin que la misma sea del todo transparente y permita la participación ciudadana en los planes especiales de ordenación territoriales, todo ello enmarcado dentro de un nuevo Plan Estratégico de Participación Ciudadana, y por último, en materia de política, exterior apostaron porque Canarias pueda ser partícipe de la llamada 'política de vecindad' comunitaria, garantizar el actual 'status' permanente de Canarias en la Unión Europea (UE) y rechazar cualquier modificación de la OCM platanera que vaya en detrimento del sector platanero isleño.