Actualizado 15/11/2007 21:01 CET

La evasión fiscal en el sector inmobiliario de Canarias alcanza los 358 millones de euros

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) estiman que la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal (LMPFF), aprobada por el Pleno del Congreso de los Diputados hace un año, "no ha servido" para atajar las dos "grandes" bolsas de fraude existentes en España, en alusión a las operaciones de compraventa "protagonizadas por empresas constructoras e inmobiliarias", así como las actividades derivadas del ejercicio de las profesiones liberales que apenas han sido inspeccionadas en los últimos dos años. En la actualidad, sólo la evasión fiscal en el sector inmobiliario representa 8.600 millones de euros anuales, de los que 358 millones se localizan en Canarias.

Los técnicos de Hacienda, que realizan hoy el primer balance anual de la Ley Antifraude con motivo de su VII Congreso Nacional que se celebra en Málaga, consideran que esta norma ha supuesto un "paso adelante" en la prevención y lucha contra el fraude pero "poco ambicioso", ya que en lugar de concentrar las investigaciones en los principales focos de economía sumergida, sigue ejerciendo, de forma masiva, un mayor control sobre los incumplimientos fiscales derivados de las rentas del trabajo y los asalariados.

Gestha estima que la Agencia Tributaria "no ha sabido aprovechar la sensibilidad generada en la sociedad española con motivo de esta ley, para desplazar estas actuaciones masivas hacia las mayores bolsas de fraude", como la que constituyen aquellos profesionales liberales que trabajan por su cuenta y que, en ocasiones, defraudan al Fisco al no emitir facturas por sus honorarios completos, desgravándose gastos personales como si fueran gastos profesionales.

Gestha reconoce que "si bien las actuaciones sobre el sector inmobiliario se han incrementado en este año, la Ley Antifraude no ha contribuido realmente a frenar las operaciones inmobiliarias de carácter especulativo donde el dinero negro ha encontrado un refugio rentable".

El primer mecanismo empleado para defraudar se denomina "dar el pase" y consiste en efectuar sucesivas transmisiones que no llegan a formalizarse en documento público, de manera que el nuevo comprador paga un precio por la cesión de la posición del anterior comprador en un contrato privado que queda oculto a la Hacienda Pública. En segundo lugar, se realiza "obligando" al adquiriente a firmar o declarar en la escritura un precio "inferior al realmente satisfecho", lo que incide "directamente" en el fraude en todos los impuestos que "no soportan el comprador ni el vendedor".

Según el nuevo secretario general de Gestha, José María Mollinedo, "a pesar de que todavía queda mucho por hacer, es positivo que la Agencia Tributaria haya comenzado, por primera vez, la investigación de las operaciones realizadas con billetes de 500 euros, aunque las investigaciones realizadas apenas superan el 0,03 por ciento del total de estos billetes en circulación".

Gestha estima que la Ley Antifraude "no ha solventado las graves deficiencias organizativas que existen en la Agencia Tributaria y que siguen impidiendo a los técnicos de Hacienda investigar a las empresas que facturan entre 1,8 y seis millones de euros". En la actualidad, "el 95,85 por ciento de las compañías asentadas en España situadas en este tramo de ingresos, un total de 57.700 sociedades aproximadamente, "escapan al plan de lucha contra el fraude".

Los técnicos de Hacienda denuncian que la Ley de Prevención del Fraude "ha destinado la mayor parte de las acciones de inspección a la comprobación de empresas que facturan más de seis millones de euros, cuando en realidad el tejido empresarial español está integrado en su gran mayoría por pymes que, por su dimensión y resultados, no tienen obligación de ser auditadas y que, como se ha demostrado, constituyen un foco potencial de fraude".

En las fronteras españolas "Gestha opina que la Ley Antifraude no ha contribuido a reforzar en este último año los filtros o protocolos de control y seguridad en las aduanas, de manera que continúan siendo auténticos coladeros de mercancía de todo tipo de productos procedentes de terceros países, incumpliendo así la normativa comunitaria que recomienda una media del cinco por ciento de reconocimientos físicos a la importación".

El colectivo de técnicos de Hacienda considera "irresponsable" que la Dirección de Aduanas permita que "se salten" los controles físicos, de identidad y documentales "al que deben estar sometidos los distintos productos por ley y muy especialmente cuando se trata de bienes de consumo y alimentos e relacionados con el consumo y la salud". El pasado verano, "el Ministerio de Consumo procedió por motivos de seguridad a la retirada de envases de dentífricos de diversas marcas y juguetes procedentes de países africanos y asiáticos".

Según Mollinedo, "sólo el 0,8 y 2,2 por ciento de las importaciones de dentífricos y juguetes, respectivamente, provenientes de terceros países se sometieron al control físico en las Aduanas de España durante el primer semestre de 2007, lo cual demuestra que los filtros o protocolos de control y seguridad no son suficientes, convirtiéndose a veces en auténticos coladeros de mercancía no comunitaria".

De esta forma, Gestha considera que "buena parte" de las cifras "triunfalistas" que la Agencia Tributaria ofrece a la sociedad española "para demostrar su eficacia" en la prevención del fraude fiscal están envueltas de "marketing", ya que los planes de control y las unidades destinadas a estas actuaciones "apenas han variado en este último año".

Además, aclara que el incremento de la recaudación tributaria "se debe principalmente al aumento de la actividad económica, y no tanto a la prevención del fraude, cuyos efectos no se dejarán sentir hasta pasados al menos dos o tres ejercicios fiscales desde la puesta en marcha de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal".

Gestha reconoce la "importancia" de algunas actuaciones realizadas por la Agencia Tributaria para prevenir el fraude fiscal, como las vinculadas a la investigación de billetes de 500 euros o la detección de tramas fraudulentas de importación paralela de vehículos de lujo e industriales creadas específicamente para defraudar el IVA y el Impuesto de Matriculación.

Ante esta situación, los técnicos de Hacienda consideran "prioritario" que los esfuerzos de la Agencia Tributaria a corto y medio plazo "se centren fundamentalmente en combatir el fraude inmobiliario y el blanqueo de capitales, a través de la adopción de una serie de medidas organizativas, fiscales e iniciativas legislativas más exigentes que las actuales".

Con objeto de que se puedan cumplir estas medidas y las contempladas en la Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal, de manera que no se queden en una mera declaración de intenciones, Gestha considera "imprescindible" habilitar a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda, para que asuman las responsabilidades de su efectiva aplicación.

Gestha estima que "con este reconocimiento profesional y un plan eficaz de lucha contra el fraude, la Agencia Tributaria podría reducir en diez puntos porcentuales las bolsas de fraude y la economía sumergida en España, situándose en niveles similares a los países de la Unión Europea, como Francia o Alemania, lo que significaría aflorar 90.000 millones de euros y recaudar casi 21.000 millones de euros adicionales sólo por impuestos para incrementar el presupuesto para gasto social y otras necesidades". En la actualidad, "la bolsa de economía sumergida en España, tanto por fraude fiscal como a la Seguridad Social, supera el 23 por ciento del PIB, lo que supone un montante de 207.000 millones euros".

Para "desincentivar" la emisión de facturas falsas, los técnicos de Hacienda plantean "reservar el régimen de la estimación objetiva a aquellos empresarios que destinan su actividad exclusivamente al consumidor final".

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