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SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este viernes en el transcurso de una sesión extraordinaria un decreto que permitirá la construcción de establecimientos turísticos de cualquier categoría siempre y cuando estén vinculados a la renovación, y viene a dar seguridad jurídica a inversores y administraciones locales.
Así lo ha anunciado el portavoz del Ejecutivo canario, Martín Marrero, a raíz de la publicación en el Boletín Oficial del Estado de la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno del Estado contra la Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias.
Martín Marrero ha dicho que este decreto surge ante la "incertidumbre" que este recurso ha generado en el sector turístico y en las administraciones públicas, y "viene a clarificar la situación jurídica sobre los efectos de la suspensión de los dos apartados recurridos ante el Constitucional", añadió.
El portavoz aclaró que hasta la presentación del recurso, la Ley Turística permitía la construcción de establecimientos de cinco estrellas o superior categoría sin estar vinculados a la rehabilitación, pero mientras se mantenga la suspensión, esta excepción "ya no se puede aplicar y quedan sujetos a la renovación".
En cualquier caso, insistió en que todo lo derivado de la renovación turística "va a seguir adelante" porque no está afectado por la suspensión publicada hoy. En esta dirección, el decreto garantiza la continuidad del proceso de renovación turística de Canarias, puesto que la decisión del Tribunal Constitucional no interfiere las actuaciones en dicho ámbito.
Preguntado por la exigencia de CC y PSC-PSOE para que el Estado retire el recurso, Martín Marrero aclaró que jurídicamente "ya no es posible" salvo que lo decida el Consejo de Ministros. No obstante, informó que el Gobierno de Canarias aún no ha recibido ninguna notificación formal de la admisión a trámite del recurso.
En cuanto sea notificado, agregó, se abrirá un plazo de quince días para presentar alegaciones sobre el fondo del asunto, y recordó que el Tribunal Constitucional tiene un plazo de cinco meses para determinar si levanta la suspensión o la mantiene.
Para Marrero, "todo esto es la consecuencia de un error garrafal y de un error histórico del Gobierno del Estado, que ha reconocido que pretendía que el recurso no estuviera vinculado a la rehabilitación de los hoteles de cinco estrellas y ha conseguido exactamente todo lo contrario".
En cuanto al número de proyectos de hoteles de cinco estrellas que se iban a construir en las islas sin estar vinculados a la rehabilitación, el portavoz señaló que "lo tendrán que decir los propios promotores o los cabildos, que son quienes conceden las autorizaciones".
