Gobierno de Canarias y Colegio de Abogados realizarán un control de calidad de la atención jurídica a los migrantes

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia de Canarias ha acordado con el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife establecer mecanismos de control e inspección que garanticen la calidad de la asistencia jurídica que se presta a los migrantes irregular, especialmente a aquellos que necesitan protección internacional.

En un comunicado, la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad ha explicado que la labor de control de calidad es competencia del propio Colegio de Abogados.

La institución colegial se ha comprometido a elaborar cuestionarios de evaluación por cada una de las pateras asistidas al objeto de poder valorar la eficacia de los servicios legales prestados, a lo que se sumarán inspecciones aleatorias in situ para presenciar la labor de los abogados.

Por su parte, ha sido el Gobierno canario quien ha planteado esta exigencia de control de calidad en la asistencia, una vez que ha autorizado la petición del Colegio de Abogados, reiterada también por el delegado del Gobierno en Canarias, de incrementar el número de personas que pueden ser atendidas por cada abogado en cada llegada de migrantes.

Al respecto, el viceconsejero de Justicia, Cesáreo Rodríguez, ha entendido que "la petición viene justificada por la demanda extraordinaria de asistencia legal a migrantes que se está produciendo en las últimas semanas con las llegadas masivas, principalmente a la isla de El Hierro, que superan la capacidad para organizar de modo eficaz el servicio, ocasionando una demora en los tiempos de respuesta".

"Y por eso --continuó-- la hemos autorizado, pero ligada a la exigencia ineludible de que el propio Colegio, que es quien tiene las competencias para hacerlo, establezca medidas de control de calidad".

Mientras, esta ampliación de la ratio de asistencias de cada abogado es una medida temporal y específica para la situación y se aplicará solo en los casos en los que sea necesario.

La ampliación de la ratio por circunstancias excepcionales ya estaba prevista por la Resolución 1097/2023 de fecha de 17 de mayo, de la extinta Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad.