Actualizado 17/12/2013 22:13

El Gobierno de Canarias presenta incidente de nulidad contra sentencia que anuló la reducción de jornada de una interina

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha interpuesto incidente de nulidad contra la sentencia de 7 de octubre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 4 de Santa Cruz de Tenerife que resolvió el caso de una funcionaria interina a la que se le aplicó la reducción de jornada y retribuciones en un 20% entre enero y abril de 2013, en virtud de lo establecido en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para el año 2013.

Los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma de Canarias formalizaron este viernes en el mismo juzgado este incidente de nulidad al considerar que con esta sentencia se ha excedido de jurisdicción, al decidir no aplicar una ley autonómica, acción que sólo puede ejecutar el Tribunal Constitucional.

La pretensión del Gobierno de Canarias con la presentación del incidente de nulidad es que el juzgado que sentenció sobre el caso de la funcionaria interina retrotraiga la sentencia y plantee la cuestión de inconstitucionalidad ante el TC, si considera que la medida ha vulnerado el Artículo 14 de la Constitución Española (derecho a la igualdad).

Otra opción que posibilita al juzgado es retrotraer la sentencia y, si considera que hay dudas sobre una posible discriminación en aplicación de una directiva europea, plantear la cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo (Luxemburgo).

El Gobierno de Canarias abre esta vía judicial para intentar evitar que haya sentencias contradictorias entre distintos órganos judiciales, ya que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tiene aún pendiente de resolución la causa judicial iniciada por el Gobierno con la presentación de una solicitud de demanda de conflicto colectivo, que cursó con el objetivo de unir en un único proceso todos los casos de personal laboral afectado por la reducción de jornada y retribuciones que habían formalizado reclamaciones en juzgados de lo social.

TRIBUNAL DE JUSTICIA EUROPEO

Hasta el momento, las actuaciones de la Sala de lo Social del TSJC indican que está planteándose la posibilidad de elevar al Tribunal Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad, ya que ha pedido a los servicios jurídicos del Gobierno de Canarias que emita sus alegaciones en defensa de la constitucionalidad de la medida.

Esta decisión contradice directamente la decisión del juzgado contencioso-administrativo de Tenerife que decidió aplicar directamente el contenido de una directiva europea, omitiendo el paso previo de plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia Europeo, al que correspondería interpretar si la medida contenida en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias es o no ajustada a la Directiva.