Las Palmas de Gran Canaria, 25 Mar.
El Gobierno regional afirma en un comunicado informativo que "el Parlamento de Canarias ha aprobado la nueva Ley de Ordenación del Transporte Marítimo en las Islas, nuevo texto normativo que supone un gran avance para garantizar el desplazamiento por vía marítima para los más de seis millones de pasajeros anuales y para el 98% de las mercancías que se transportan entre las islas".
El Ejecutivo explica que "la Ley de Ordenación del Transporte Marítimo supone un paso definitivo a favor de la cohesión social, económica y territorial de Canarias y favorece de manera especial a las Islas no capitalinas con la pretensión de colocarlas en un rango de igualdad con Tenerife y Gran Canaria".
El transporte marítimo de pasajeros y mercancías "constituye una pieza fundamental para asegurar la cohesión económica y territorial de un territorio fragmentado y alejado del continente. Para actuar sobre el mismo, la Comunidad Autónoma de Canarias ostenta la competencia exclusiva para ordenar el transporte marítimo que se lleve a cabo exclusivamente entre puertos o puntos del litoral de Canarias según establece el artículo 30.19 del Estatuto de Autonomía)".
Para el Gobierno canario, "el actual marco normativo en materia de transporte marítimo resultaba insuficiente para que, dentro del principio de libertad de transporte, se pueda atender la realidad del territorio Canario, y dar cobertura a las necesidades de conexión entre las islas. Este nuevo marco legal hace posible la conciliación de las peculiaridades de la situación geográfica, social y económica del Archipiélago, y su pertenencia a la Unión Europea".
La Ley aborda la regulación de todos los servicios de transporte marítimo entre puertos y puntos del litoral canario que se realicen a cambio de una remuneración económica, bajo una regla esencial: la libertad para prestar esos servicios. Este es el régimen general para todos los transportes marítimos en las islas.
Esta norma permitirá que, en aquellas líneas que se consideren esenciales para garantizar la comunicación regular, cuando la oferta sea insuficiente, las autoridades competentes puedan exigir como condición para su prestación el cumplimiento de determinadas obligaciones de servicio público o, incluso, la suscripción de un contrato de Obligación de Servicio Público.
La Ley, por tanto, faculta al Gobierno de Canarias a declarar de interés público determinadas líneas de transporte regular. Esta declaración permite fijar unas condiciones de regularidad, continuidad, frecuencia, capacidad de prestación y precio, que se consideran el mínimo necesario para ofrecer unos servicios suficientes.
Hay que recordar que a lo largo de este mandato los canarios y residente disfrutamos del 50% de bonificación del precio del billete, pasando así de un 25% al 50% duplicando la ayuda que da el Gobierno de Canarias en colaboración con el Gobierno central.
Por otro lado, cabe destacar que en cuanto a ayudas al transporte de mercancías se ha triplicado el presupuesto pasando de una bonificación media de un 15% para todos los productos e islas, a una bonificación del 30% entre las islas mayores y para los productos de primera necesidad y de un 50% cuando los productos son originarios de isla menor. Esto ha supuesto un avance importante dado que el 98% de las mercancías entre las islas se mueven por vía marítima, lo que supone un total de 5*5 millones de toneladas de mercancías interinsulares al año.
Por otra parte, la comunicación entre las islas no es la única razón de interés público que debe ser considerada en la ordenación del transporte marítimo interinsular. Tan importante como la garantía de conexión regular entre las islas es la protección del ecosistema marino interinsular, de la fauna, la flora y la propia calidad de las aguas que rodean el archipiélago, mucho más cuando, como es bien sabido, las islas son un lugar con un alto riesgo de contaminación por hidrocarburos y sustancias peligrosas.
Por este motivo, la normativa declara que la libertad de prestación de servicios de transporte marítimo también puede ser limitada mediante la imposición de cargas, limitaciones e, incluso, prohibiciones, cuando sea necesario para proteger aquellos valores y, en particular, a partir del reconocimiento de las aguas canarias como Zona Marítima Especialmente Sensible.
En Canarias se realizan actualmente 623 viajes marítimos semanales entre islas, que ofertan un total de 390.160 plazas semanales. Destacan de manera especial las 184 frecuencias de ida y vuelta que cada semana se realizan entre Playa Blanca, en Lanzarote y Corralero en Fuerteventura (no hay conexión aérea entre estas dos islas). Además, se realizan 137 viajes marítimos semanales entre La Gomera y Tenerife y un total de 131 frecuencias cada siete días entre Gran Canaria y Tenerife.
A lo largo de 2006 más de seis millones de pasajeros usaron el transporte marítimo para desplazarse entre las islas. Las líneas más demandadas fueron, por este orden, la de Agaete-Santa Cruz de Tenerife, con 1,3 millones de viajeros.
La Ley desarrolla un conjunto de medidas que protegen sus derechos como usuarios, esta cuestión resulta novedosa ya que en el conjunto de la UE aun no existe ninguna directiva ni reglamento en este sentido. En este caso, Canarias toma la delantera en la protección de los intereses de los usuarios del transporte marítimo garantizando sus derechos.
Las compañías que más operaciones de tráfico marítimo realizan son Fred Olsen, con 292 viajes semanales de ida y vuelta y la Naviera Armas que cuenta actualmente con 191 desplazamientos cada semana. Le siguen Garajonay Express (84 frecuencias), Líneas marítimas Romero (42 viajes semanales) y Acciona fundamentalmente en la conexión de las islas con la Península con dos rotaciones a la semana.
En definitiva, esta es una Ley que promueve la competencia en el sector y el desarrollo de los sectores económicos, al tiempo que garantiza unos servicios mínimos de comunicación marítima en condiciones de calidad y accesibilidad, equiparable a los que disfrutan, en territorio continental, los ciudadanos la Unión Europea. A su vez, establece normas para el transporte marítimo no regular, tanto de ocio como turístico, teniendo en cuenta la fragilidad del ecosistema marino y conciliando nuestro patrimonio natural marítimo con los del sector económico turístico.
