Santa Cruz de Tenerife, 5 Feb. (EUROPA PRESS -
El candidato de Centro Canario-CCN a la Alcaldía de Santa Cruz, Ignacio González Santiago, realizó el pasado fin de semana una visita a los vecinos de Igueste de San Andrés afectados por el deslinde de la Ley de Costas, a los que ofreció el concurso de los servicios jurídicos del partido para ayudarles en sus gestiones y trámites.
El líder centrista comunicó a los presentes que piensa que es un total despropósito de la Consejería de Ordenación Territorial haber "olvidado" presentar en su momento, hace 3 años, el informe de valoración de la situación de las viviendas y terrenos afectados, y les animó a exigir del Gobierno de Canarias que plante cara al Estado y ejerza cuantos contenciosos sea preciso para reparar el daño producido por su dejación.
También expresó González Santiago que los afectados tienen derechos concretos, como el pedir daños y perjuicios al Ejecutivo Autónomo y una indemnización acorde con el valor de las casas si son finalmente derribadas.
"Ni una casa de ningún vecino tiene que ser demolida por un problema entre administraciones", dijo el candidato del CCN, quien añadió que no se puede jugar con lo más importante que puede tener una familia por una mala gestión pública.
Apostilló Ignacio González que Centro Canario defiende a las personas, y demanda a la Comunidad Autónoma que luche por los afectados y no permita que sean castigados por su "olvido imperdonable" de informar a Madrid de que las viviendas estaban construidas antes del año 1988, fecha que establece la normativa como punto de partida para la aplicación de la citada Ley.
También dijo que no entendía como se prestaba más atención a la situación por la que atraviesa a una empresa privada como el hotel Médano, que también está implicado en el deslinde, que a los vecinos del litoral de la Isla que tienen consolidados sus derechos, máxime cuando el establecimiento turístico está dentro del mar y no a decenas de metros del litoral, como ocurre con la mayoría de las propiedades afectadas.
El CCN apoya finalmente la exigencia de que el Ejecutivo Autónomo y el Cabildo de Tenerife defiendan con uñas y dientes a unos ciudadanos que han tenido que sufrir el desprecio de sus derechos en un conflicto generado precisamente por la Administración que debía velar por sus intereses.
