SANTA CRUZ DE TENERIFE, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -
Un informe realizado por Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Canarias (MPDLC) ha refutado que la Ley de Memoria Histórica, que entró en vigor el pasado mes de diciembre, vaya a provocar una avalancha de "nuevos españoles" en los próximos meses. Esta es una de las principales conclusiones del estudio titulado '¿La Ley de Memoria Histórica implicará una avalancha de 'nuevos españoles'?', según informó la ONG en un comunicado.
En este caso concreto, el análisis ha corrido a cargo del grupo de investigación de Economía Social adscrito a la Universidad de La Laguna compuesto por el doctor en Sociología Cristino Barroso y los doctores en Economía Juan Nuez y Fernando Carnero, así como el propio Servicio Jurídico de la ONG.
En el informe se pone de manifiesto que la principal novedad que incorpora la Ley de Memoria Histórica radica en la posibilidad de acceso a la nacionalidad española que brinda a los nietos de españoles que perdieron o tuvieron que renunciar a ella como consecuencia del exilio.
No obstante, incorpora también otras dos nuevas vías, dirigidas a los hijos de padre o madre español de origen, aunque no hubiese nacido en España, así como aquellas personas que ya optaron a la nacionalidad española no de origen.
Los expertos consultados por MPDLC coinciden en señalar que, aunque todavía es pronto para determinar el alcance que tendrá la Ley de Memoria Histórica respecto al número de solicitudes de nacionalidad española se refiere, teniendo en cuenta que entró en vigor el pasado 28 de diciembre de 2008, no se prevé que vaya a haber una entrada desmedida de ciudadanos que eran hasta ahora foráneos.
En este sentido, el grupo de investigación de Economía Social aclara que la petición de la nacionalidad no conlleva una emigración de forma implícita ni que, en caso de que ésta se produzca, el destino elegido sea Canarias, aunque los solicitantes de la nacionalidad sean descendientes de isleños.
Insiste en que las demandas, que en el caso de las Islas proceden principalmente de Venezuela y Cuba, seguidas a mayor distancia por Argentina y Chile, responden a su deseo de contar con los derechos y obligaciones de los españoles.
Asimismo, agrega que, dada la actual crisis en la que se encuentra inmerso el Archipiélago y el país y las elevadas tasas de paro que soporta, esto repercutirá en un mayor retraimiento por parte de estas personas a la hora de tomar la decisión de emigrar.
A esto se suma, además, la ralentización de fenómeno de la inmigración, tal y como queda constatado en las últimas estadísticas, relativas a 2008.
A nivel nacional, se mantiene también la presencia mayoritaria de solicitudes tramitadas por ciudadanos latinoamericanos, para los cuales, explican los expertos, la vía de salida más demandada sería Estados Unidos, por su proximidad geográfica y por la referencia que pueda suponer para ellos este área, a la que pueden acceder más fácilmente si cuentan con la nacionalidad española.
Manifiestan que, al pasar a la categoría de ciudadanos europeos, la zona susceptible de expansión se amplía también a toda la Unión Europea, por lo que los destinos posibles se multiplican aún más. Al respecto, Cristino Barroso aclara que "los movimientos migratorios dependerán de que cuenten con una red social en el lugar de destino en la que poder ampararse".
POR LA CRISIS
Por otro lado, los expertos responsabilizan del "temor" que ha generado esta normativa en la población a las dificultades económicas que atraviesa Canarias y España en estos momentos y no dudan en señalar que, si esta ley se hubiese aprobado en otro momento más boyante, no hubiese generado ninguna polémica.
Al respecto, Juan Nuez recuerda el incremento poblacional que vivió Canarias entre 1996 y 2006, cifrado en 500.000 personas, la mayoría de fuera, pero que, precisa, fue absorbido sin demasiados problemas como consecuencia de la bonanza económica que vivía el Archipiélago. En este sentido, afirma que "la polémica se zanjará el día que vuelva a levantar la economía".
Por otro lado, los expertos critican en dicho documento que la fórmula en que se ha tramitado la ley. En este sentido, Fernando Carnero matiza que, "aunque la ley era necesaria, ya que el principio y derecho que inspira la disposición transitoria era una reivindicación histórica, la parte negativa corresponde a su tramitación", ya que, precisa, "se debería de haber hecho a través de una ley específica, lo que permite contar con más herramientas para legislar correctamente".
En este sentido, el grupo de investigación precisa que la apertura que desde el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales que aprobó la norma se dio a al acceso de nacionalidad no sólo a los exiliados políticos sino a los económicos, hace que el marco de actuación se amplíe a la práctica totalidad de los solicitantes, pese a que se contemple cierta discrecionalidad.
Esto, argumentan los expertos, provoca que se deje en manos del criterio de los funcionarios consulares y de las instancias políticas del Ministerio la resolución de las peticiones, al mismo tiempo que no obvian el problema de sobrecarga que esto puede llegar a producir en los consulados.
Otra de las matizaciones que se incluye en el informe se centra en la denominación generalizada de esta normativa como "Ley de nietos", una identificación que, se pone de manifiesto, resulta incorrecta, al reducir el contenido total de la ley a uno de sus tres supuestos.
Por otro lado, desde el servicio jurídico de Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad en Canarias se aclara que el principal derecho al que accederán las personas que obtengan la nacionalidad española y se queden en el país en el que residan será el derecho a voto, así como algunas prestaciones sanitarias y otras económicas "muy puntuales", enmarcadas estas últimas dentro de las que otorgan las comunidades autónomas respectivas para sus emigrantes.
Asimismo, precisan que los nacionalizados que opten por venir a España, deberán de acogerse al régimen de prestaciones que existe para el resto de los españoles y que establece un periodo de residencia en España de diez años para poder tener acceso a ellas.
